La lucha en defensa del territorio de los indígenas guaraní-kaiowá

Entrevistamos a Matias Benno, misionero del CIMI, para que nos hable de la lucha en defensa del territorio de los indígenas guaraní-kaiowá (Brasil). Manos Unidas y el CIMI desarrollan conjuntamente un proyecto de soberanía alimentaria y formación en los asentamientos indígenas de la reserva de Dourados, una zona marcada por la sistemática violación de los derechos de estas comunidades.

Los guaraníes-kaiowá afrontan un permanente genocidio y etnocidio

En defensa de los indígenas guaraní-kaiowá

El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) es un organismo vinculado a la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil que, con su actividad misionera, ha dado un nuevo sentido al trabajo de la Iglesia Católica junto a los pueblos indígenas. Su objetivo principal es apoyar a las comunidades y organizaciones indígenas e intervenir en la sociedad brasileña para fortalecer el proceso de autonomía de estos pueblos, construyendo un proyecto alternativo, pluriétnico, popular y democrático.

Manos Unidas trabaja con el CIMI desde hace años y en el estado de Mato Grosso do Sul desarrollan conjuntamente un proyecto en la reserva de Dourados, una zona marcada por la sistemática violación de los derechos de los indígenas guaraní-kaiowá.

Los constantes conflictos con los hacendados (terratenientes) han llevado al asesinato de Clodiodi de Souza, líder guaraní-kaiowá. ¿Cómo ve la situación actual?

La situación de los guaraníes-kaiowá es la de un pueblo que afronta un permanente cuadro de genocidio y etnocidio. Al contrario de lo que señalan los medios de comunicación, lo que ocurre es una masacre y no un conflicto. En 2016 se registraron 31 ataques paramilitares con armas de fuego y 6 ataques con agrotóxicos contra familias indígenas, ataques que vienen ocurriendo desde hace décadas (al menos 15 líderes han sido asesinados en los últimos 10 años). 

Los guaraní-kaiowá son un pueblo sin acceso a sus tierras tradicionales y originarias, con las que mantienen un profundo vínculo cultural y espiritual. Más de 50.000 personas de esta etnia viven en menos del 0,2% del territorio de Mato Grosso do Sul, en 8 reservas creadas por el Estado para concentrar a las familias desalojadas de sus territorios de origen.

Sin poder sobrevivir, ni física ni culturalmente, las familias tratan de retomar sus tierras –lo que se conoce como “retomadas”-, intentando forzar al Estado a que cumpla el compromiso de promover, a través de la Fundacão Nacional do Índio (FUNAI), la demarcación de los territorios originarios.

Desde el 2000 todos los avances en la ocupación efectiva de territorios han sido fruto de “retomadas” y no de procedimientos administrativos. Las demarcaciones están políticamente paralizadas desde 2010, lo que conduce a millares de indígenas a vivir en campamentos improvisados y en situación de muy alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.

El asesinato de Clodiodi se puede analizar así:

  1. Los indígenas logran legalizar el territorio Dourados/Amambai/Pegua. 
  2. los grandes propietarios prometen revocar dicha legalización tras la destitución de la presidenta Dilma Roussef y la toma de posesión del nuevo gobierno.
  3. las comunidades ocupan una mínima parte del territorio legalizado y protestan contra la posible revocación.
  4. en un brutal ataque paramilitar, los terratenientes asesinan a Clodiodi y hieren a 6 personas más.

¿Qué papel está teniendo el CIMI ante esta realidad?

El CIMI, sumándose a la voz de los pueblos indígenas, se ha posicionado siempre a favor de una solución estructural, denunciando estas agresiones en Brasil y en la ONU, Corte Interamericana, Parlamento Europeo, etc.

Intenta actuar como interlocutor ante el Estado para garantizar los derechos indígenas y apoya la defensa jurídica de las familias. Asimismo, promueve medidas que fortalezcan el protagonismo de las comunidades indígenas en la lucha por sus derechos a través de asambleas, movilizaciones, formación, denuncia mediática, etc.

Sabemos que Brasil pasa por una fuerte inestabilidad política ¿Qué consecuencias puede tener el conflicto político y el cambio de gobierno en los indígenas de Mato Grosso do Sul?

Incluso con el gobierno anterior, considerado progresista, se ha mantenido el apoyo al negocio del agro y a los sectores dominantes, históricamente contrarios a los derechos de los pobres, en especial de los indígenas, campesinos y quilombolas (descendientes de los esclavos negros). De hecho, fue el gobierno de Lula el que permitió que las demarcaciones de tierras fueran paralizadas.

Esta paralización fue apenas el inicio de una política anti-indígena en todos los sectores del poder. En el ejecutivo con la Orden 303, que permite la revisión de las tierras indígenas según el “interés nacional” y acaba con el usufructo exclusivo de las tierras indígenas por parte de los pueblos (derecho constitucional).

El legislativo del gobierno anterior, dominado por sectores ruralistas con grandes intereses en el agro, avanzó enmiendas como la PEC 215, que pone en riesgo los derechos duramente conquistados por los pueblos indígenas. Y el poder judicial puso en marcha (inconstitucionalmente) el Marco Temporal, por el cual los indígenas dejan de tener derecho a la demarcación -incluso de tierras ya homologadas- si no demuestran una ocupación de los territorios anterior al 5 de octubre de 1988, día de promulgación de la Constitución.

Ahora, con los sectores ruralistas como representantes del Estado -a través del gobierno forjado tras el “golpe” contra Dilma Roussef-, la tendencia es al aumento de las políticas anti-indígenas, que buscarán parar definitivamente las demarcaciones y revertir procedimientos de tierras ya demarcadas. La brutalidad de los desplazamientos, la persecución de líderes indígenas y los ataques paramilitares se están incrementando y lo harán aún más.

La propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 215), que puede paralizar totalmente las demarcaciones, ¿Puede incrementar la vulnerabilidad de las comunidades?

Absolutamente sí. La PEC 215 será como una declaración de guerra contra los indígenas de todo Brasil. Miles quedarán sometidos a situaciones de grave vulnerabilidad, sujetos a todas las agresiones que ya vienen sufriendo y a las que vendrán con la nueva ola de desplazamientos judiciales. Por eso el movimiento indígena la ha bautizado “la PEC de la Muerte”. El texto de la Enmienda, que sigue tramitándose en el Congreso Nacional, fue incluso agudizado por los ruralistas con las medidas de los otros poderes, como la Orden 303 y el Marco Temporal.

El proyecto de Manos Unidas ¿Cómo se articula en este conflictivo contexto?

El proyecto con Manos Unidas se encuentra en su fase final y está ubicado en la tierra guaraní-kaiowá de Panambizinho. El objetivo es construir un centro para formación y la implementación de un espacio de producción agroecológica orientado a lograr la autonomía y sostenibilidad de los guaraní-kaiowá.

En este contexto, se busca incidir en la soberanía alimentaria de los asentamientos de los indígenas que están en lucha permanente por la tierra y por sus derechos constitucionales; asentamientos que se caracterizan también por sus elevados índices de hambre.

 

Entrevista realizada por Denise Maellaro Ferreira. Departamento de Proyectos de América Latina.
Una versión reducida de esta entrevista fue publicada en la Revista de Manos Unidas nº 201 (octubre 2016-enero 2017).

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