CASO GERARDI: SEIS AÑOS DE IMPUNIDAD
El estado en que se encuentra la investigación del asesinato de monseñor Juan Gerardi, obispo auxiliar de Guatemala, muestra el "desastre" en que vive la aplicación de la justicia en el país. Así lo considera el cardenal Rodolfo Quezada, arzobispo de la capital, quien ha reclamado para Guatemala jueces incorruptibles e incansables, alejados de las fuerzas ocultas.
En una misa en la catedral con motivo del sexto aniversario del asesinato, el cardenal ha invitado a los guatemaltecos al perdón, pero también al esclarecimiento de los hechos. Hay que perdonar, ha dicho, pero sabiendo a quién hay que perdonar y por qué.
El purpurado ha defendido el trabajo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), que dirigía monseñor Gerardi, y ha afirmado: "Si atacan a la ODHAG, es como si me atacaran a mí mismo".
Monseñor Gerardi, conocido por su defensa de los derechos humanos, fue asesinado a golpes en el aparcamiento de su residencia el 16 de abril de 1998. Dos días antes de su muerte, la ODHAG -que el prelado dirigía- había presentado un informe –"Guatemala, Nunca Más" sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante los 36 años de guerra interna que vivió el país centroamericano y que terminó en 1996 con al menos 200 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.
El Informe Gerardi, realizado en el marco del proyecto diocesano REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), enumera más de 55.000 violaciones de los derechos humanos, atribuidas en un 80% al ejército, todas ellas cometidas durante el citado conflicto interno.
En agosto de 2001, un tribunal de primera instancia condenó a 30 años de prisión a tres militares por la muerte de monseñor Gerardi y a 20 años a un sacerdote por complicidad.
Uno de los sentenciados, el sargento Obdulio Villanueva, fue asesinado en febrero de 2003 en un motín carcelario. Los otros condenados son el coronel retirado Disrael Lima, su hijo, el capitán Byron Lima y el sacerdote Mario Orantes.
El 8 de octubre de 2002, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones anuló el primer juicio y ordenó a los tribunales celebrar uno nuevo con jueces diferentes. Dicha resolución fue apelada por la Fiscalía y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), tras lo cual la Cámara de Amparos de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) dejó en suspenso la sentencia de la Sala de Apelaciones, si bien el fallo definitivo aún no ha sido emitido.
