EN SUDÁN COTINÚAN LAS AGRESIONES CONTRA LOS DESPLAZADOS
Pese a las protestas de la comunidad internacional -el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, a la cabeza-, las fuerzas de seguridad sudanesas han seguido con su campaña de reubicación de desplazados en las cercanías de Nyala, en la región de Darfur (oeste de Sudán).
Las acciones del ejército y la policía sudaneses se han desarrollado incluso ante la presencia de trabajadores humanitarios internacionales, a los que, a raíz de los incidentes, se les ha prohibido abandonar la ciudad de Nyala. Debido a ello, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha decidido el traslado de algunos de sus miembros a otras regiones de Darfur, en donde la presión contra los desplazados -ms de un millón y medio de personas- no es tan fuerte.
El mismo embajador de Sudán ante el Reino Unido ha reconocido que se ha empleado la violencia para obligar a los desplazados a reubicarse, pero ha asegurado que esto ha sucedido tan sólo en casos puntuales.
Las acciones de las fuerzas de seguridad sudanesas contra los desplazados se han producido incluso tras la firma de un doble acuerdo en Abuya, la capital de Nigeria, para mejorar la seguridad en Darfur y garantizar la asistencia humanitaria a los desplazados.
El acuerdo, suscrito por representantes del Gobierno sudanés y de los movimientos rebeldes darfurianos -Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM, en siglas inglesas) y Ejército de Liberación de Sudán (SLA, en siglas inglesas)- prevé, entre otras cosas, el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Darfur.
Las negociaciones entre ambas partes del conflicto se han pospuesto hasta el 10 de diciembre. El tema de conversación previsto para entonces es la negociación de una salida política al conflicto.
Los rebeldes darfurianos, que se habían alzado en armas en febrero de 2003 para reclamar una mayor autonomía política que les permitiese hacer frente a los continuos ataques de milicias árabes contra la población negroafricana, estudian las propuestas de autonomía efectuadas por el Gobierno sudanés.
Pese a los aparentes avances en la negociación política, lo cierto es que la violencia contra la población darfuriana continúa, ante la falta de una acción decidida por parte de la comunidad internacional. De las posibles sanciones contra el Gobierno sudanés acordadas en una resolución de la ONU, ninguna medida ha sido tomada todavía por el Consejo de Seguridad en este sentido.
