Dos ordenamientos jurídicos rigen la vida cotidiana en las comunidades indígenas de Chiapas. Por un lado, el sistema occidental vigente en el país, lo que se conoce como Derecho positivo; por otro, el sistema judicial autóctono, que establece la ley indígena como una tradición cultural. Aquí los tribunales están formados por matrimonios. La comunidad entera, reunida en asamblea, decide quiénes son las parejas que deben velar por los derechos de todos.
   Trabajar como un órgano colegiado y no como individuos particulares es la garantía de que los derechos de los indígenas quedarán preservados. Ésta es la razón por la cual los cargos no son ocupados por personas individuales sino por parejas.
   Actualmente, hay 300 autoridades indígenas en Chiapas que se dedican cotidianamente a resolver los conflictos que surgen en 450 comunidades del Estado chiapaneco. Sin embargo, la mayoría no cuenta con la formación necesaria, pero aun así, cuentan con el respaldo de la población, que no los elige por su preparación o conocimientos, sino por su prestigio moral. La suya no es una autoridad de poder, sino de ejemplo a seguir.
   Forman los llamados tribunales de arregladores, que se encargan de los problemas que surgen en los ámbitos familiares y comunitarios. Gracias a ellos, estos conflictos menores se resuelven antes de que la violencia reinante en la zona durante los últimos años los convierta en parte de la guerra de baja intensidad. Son casos de división que, si no se abordan de inmediato, corren el riesgo de convertirse en serios problemas de enfrentamiento y muerte entre distintas comunidades.

JUSTICIA Y TRADICIÓN
   Desde 1992, el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC) acompaña a estas comunidades ofreciendo formación a estas parejas para que combinen las normas jurídicas indígenas con un conocimiento básico del derecho mexicano. Además, CEDIAC trabaja con el resto de la comunidad para que la población empiece a ser consciente de cuáles son sus derechos individuales y colectivos, e incorpora en la cultura autóctona elementos que ayuden a entender el funcionamiento de la justicia.
   Su objetivo consiste en evitar que los abogados de la capital tengan que hacerse cargo de conflictos comunitarios o familiares. Con formación para los tribunales de arregladores, éstos podrían aumentar el número de casos que resuelven y las cuestiones no irían más allá, como ya está sucediendo. Así, la vida de las comunidades indígenas transcurre sin que intervengan actores de culturas diferentes que puedan violentar el funcionamiento tradicional de su justicia.