Los últimos informes de Naciones Unidas llaman la atención sobre el alarmante incremento en la tasa de trastornos depresivos y suicidios que sufren las mujeres afganas. La tasa alcanza ya al 90% y no deja de crecer. Se agravan así los problemas de una población que ni siquiera puede trabajar, salir sola, recibir tratamiento sanitario por alguien del sexo masculino, ni acordar una compra con un hombre; por lo que el acceso de estas mujeres a las medicinas necesarias, e incluso a los alimentos, se ve gravemente dificultado.
   La situación ha recibido la calificación de "generocidio" por parte de las principales organizaciones sociales. La prohibición se ha convertido en la dinámica habitual del gobierno talibán. Nadie puede hablar de política, escuchar música, reunirse, beber alcohol, ni hacer fotografías. Los hombres deben mantener una barba que, al menos, ocupe un puño debajo de su barbilla. No se pueden volar cometas, ni cuidar aves. Toda la población debe acudir a la mezquita al menos cinco veces diarias.
   En el caso de las mujeres, estas obligaciones no sólo niegan sus derechos fundamentales, sino que ponen en riesgo su propia supervivencia. Las mujeres viudas o solteras se convierten en prisioneras de su propio hogar, pues sólo les está permitido ir acompañadas por su "mahram", es decir, su padre, hermano o marido.
   Su vida se reduce a no ser vistas ni oídas. Deben teñir los cristales de sus ventanas para que nadie las vea desde fuera y el sonido de su risa o sus pasos está duramente castigado. Ante la ley, pierden toda su dignidad. Basta ser sospechosa de adulterio para merecer la lapidación. Por el contrario, si denuncian haber sido violadas, deben contar con el testimonio de al menos cuatro testigos. Si no demuestran su acusación, son flageladas.
   Cualquier hombre que asegure haber visto el más mínimo fragmento de piel de una mujer tiene derecho a convertirse en su verdugo y castigarla con la muerte. La indumentaria femenina obligatoria, el "burka", debe cubrirla de pies a cabeza y sólo se permite un orificio a la altura de los ojos.

El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad seis medidas contra la ablación, un delito castigado con penas de cárcel, del que se informará a todos los inmigrantes que entren en España. La nueva ley propone el desarrollo de programas sanitarios, sociales y educativos para prevenir estas prácticas e insta al Fiscal General del Estado a que persiga a los autores. Según Mª Jesús Sáenz, diputada del Partido Popular, "la acogida de inmigrantes debe suponer una mayor calidad de vida para ellos, pero también la asunción de derechos y deberes que no tenían en sus países de origen, y el respeto a su cultura no puede servir para coartar la libertad ni la integridad física de las mujeres ni de las niñas".