De acuerdo con los principios generales que rigen la guerra, los daños directos a la población deben ser siempre excluidos. Pero lamentablemente esto queda relegado a una "buena intención" porque, en los recientes conflictos, la población civil y los recursos naturales se han convertido en el objetivo primordial de bandos opuestos. Se ignora el respeto por las normas humanitarias y la ley internacional, y los ciudadanos devienen en víctimas durante largos años, prisioneros en su propia tierra.  

      Las minas pueden permanecer activas durante décadas, siendo su principal función la de mutilar. La mayor parte de los países más minados carecen de la infraestructura necesaria para que las víctimas sean trasladadas y atendidas a tiempo. 

      El medio ambiente queda seriamente dañado y altera la economía del país, la hambruna se hace persistente y las oleadas de refugiados aumentan trasladándose penosamente en busca de un lugar donde haya descanso y paz.

Efectos sobre la población civil

      En cifras, cerca de 800 personas civiles mueren por minas antipersonales y 450 son gravemente heridas cada mes, en todo el mundo. Para que nos hagamos a la idea, ya sólo en Camboya, considerado como el país con más alto porcentaje de habitantes mutilados, el número de muertes se sitúa en 62.000.