|
Numerosas voces de diversa procedencia claman por la creación de
tribunales con competencia para juzgar las violaciones de los derechos humanos se
produzcan donde se produzcan, sin que, por la propia naturaleza de estos derechos, se vean limitados por fronteras nacionales. La
Organización mundial en estados y la concepción actual de la soberanía dificulta la creación de estas instancias, pero existen diversas iniciativas, aunque su autoridad, de momento, es
moral.
En 1979 se creó el Tribunal Permanente de los Pueblos que centra su actuación en el campo de los derechos de los pueblos, más que los de los individuos.
Este tribunal es permanente y celebra sus sesiones en cualquier parte del Planeta,
de acuerdo con el problema tratado o con la circunstancia que lo motiva. Los
miembros del jurado son elegidos atendiendo a sus cualidades morales, científicas y culturales. El Tribunal argumenta sus juicios con textos de aceptación universal como la Carta Fundacional y las resoluciones de la ONU, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y otros del derecho internacional.
En las sesiones, el Tribunal oye los informes de expertos y personas afectadas, sobre los que delibera y emite una sentencia que suele ser presentada públicamente por personas de gran prestigio moral y enviada a las principales instituciones internacionales. Muchas han sido discutidas por la Comisión por los
Derechos Humanos en Ginebra.
Aunque el valor de las sentencias es moral, ningún gobierno o institución
quiere verse en este banquillo, puesto que tienen una gran repercusión, ya que
sacan a la luz claves importantes de problemas graves y ponen en evidencia a los
culpables. Ya se han celebrado casi una veintena de sesiones, dedicadas a temas
como el Sahara Occidental, Timor Oriental, los crímenes de lesa humanidad, la
conquista de América y el Derecho Internacional, Tibet, entre otros.
Del 1 al 3 de octubre de 1994 celebró una sesión en Madrid sobre las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la que salieron a
la luz repercusiones de esta política que suelen quedar ocultos. El veredicto
condenaba los daños sociales, políticos y medioambientales que estos organismos
causan, a la vez que proponía alternativas de acción.
|
