Muchas personas adquieren préstamos para comprar bienes de consumo o de equipo, o una vivienda. Los países también lo hacen. Toman dinero prestado en los mercados de capitales o lo piden a instituciones financieras internacionales para pagar infraestructuras, como por ejemplo carreteras, servicios públicos y centros de salud. Al igual que las personas, los países tienen que devolver el principal y los intereses de los préstamos que reciben. Pero hay diferencias importantes. Si una persona contrae un préstamo, recibe el dinero directamente y cuando lo devuelve lo hace conforme a las condiciones de ese préstamo. Pero si es un país el que adquiere el préstamo, a los ciudadanos no se les informa acerca del uso del mismo ni de las condiciones de su devolución. En la práctica, muchos gobiernos han utilizado préstamos para proyectos que no cumplen los requisitos mínimos de viabilidad social, ecológica o económica. En ocasiones, estos préstamos se han utilizado para enriquecer a un pequeño grupo de personas o se han transferido a cuentas bancarias privadas de funcionarios públicos.

       Una segunda diferencia es que una empresa o persona que no puede hacer frente a sus obligaciones financieras va a la quiebra. Se nombra un tribunal encargado de evaluar la situación del deudor, al que los bancos reconocen la incapacidad de pagar la totalidad de su deuda. Pero los países no pueden pedir que se les declare en quiebra: no existen procedimientos ni árbitros a tal efecto. A nivel internacional, son los acreedores, y no un tribunal, quienes deciden si pedirán o no al país deudor que pague su deuda.

APARICIÓN DEL PROBLEMA
       La crisis de la deuda se manifiesta como tal en 1982, cuando México anuncia que no puede pagar su deuda externa, suscitando en la comunidad