El origen de las deudas de las que es acreedora la Administración española se encuentra en las políticas públicas de fomento de la exportación de las empresas privadas españolas (créditos FAD y seguro de crédito a la exportación de CESCE). El Estado español no trata las deudas como un problema para el desarrollo y el bienestar de millones de personas, sino como un problema financiero de grandes cifras. Las políticas que adopta son, en la mayoría de los casos, las que se acuerdan en los foros internacionales: del Club de París al Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. De manera marginal, España pone en marcha condonaciones unilaterales de la deuda de PVD (Nicaragua) o programas de conversión por inversión privada (Marruecos). Nunca se han llevado a cabo programas de conversión de deuda por inversión pública en proyectos medioambientales o de desarrollo, habituales en países de nuestro entorno.

       Todos los temas relacionados con el origen y la gestión de la deuda externa forman parte del dominio del Ministerio de Economía, sin que tengan responsabilidad alguna el Ministerio de AAEE o la AECI.

       Es deseable que, en adelante, la Administración española aborde este problema como un problema de personas y no sólo de números, que se impulsen medidas conducentes a un trato más favorable a los deudores, que haya un manejo más transparente de las cifras y una vinculación de las orientaciones de la política comercial con las posibilidades de pago de los países receptores de los FAD y la cobertura CESCE.