Más de 15 ciudades a nivel nacional se adhirieron a la propuesta, en las que las organizaciones cristianas pidieron la máxima responsabilidad a las administraciones públicas para construir las bases de un nuevo modelo social y económico centrado en las personas, especialmente las más vulnerables, y de este modo articular políticas encaminadas a promover los derechos humanos y la justicia en todo el mundo.
