La región amazónica está habitada por una gran diversidad de pueblos y culturas, diseminadas en el territorio de la provincia del Napo en Ecuador. Una de las más importantes es la nacionalidad kichwa, pueblo indígena que tiene una alta dependencia de la riqueza de la selva amazónica. Se trata de un ecosistema que desde tiempos ancestrales ha satisfecho las necesidades de estas poblaciones, procurándoles alimentos, materiales de construcción, plantas medicinales y medios de transporte, entre otros.
Además, en la Amazonía, los ríos son los que definen en gran parte la estructura territorial y social de los pueblos. En este contexto, la chakra amazónica es un sistema vivo en el cual los cultivos agrícolas, los animales y la selva se combinan de manera complementaria y armónica, creando un espacio en el que se recrean constantemente tecnologías de producción y rituales propios. Lo anterior les permite tener sustento, constituyéndose en uno de los pilares económicos de su existencia.
El conflicto con las mineras
En los últimos años se ha hecho presente con mucha fuerza una forma diferente de relacionarse con la naturaleza –la minería aluvial aurífera–, que se ha acercado a las comunidades para que les «permitan trabajar» en sus ríos con prácticas poco éticas como los sobornos. Todo ello ha generado divisiones internas que producen conflictos socio- ambientales y pugnas por asumir el liderazgo para negociar con las mineras.
El resultado de este proceso es que, en la actualidad, una parte importante de las riberas de los ríos amazónicos, que normalmente son las tierras más productivas para la producción de alimentos, han sido destruidas casi por completo utilizando grandes maquinarias y todo lo que conlleva el funcionamiento de estas. Además, para la captura del oro se utilizan diversos químicos, cuyos residuos son vertidos sin freno a los ríos.
Cuando finaliza la extracción del oro, las riberas quedan totalmente destruidas e inservibles como tierra de cultivo. Después de la «fiebre del oro» las comunidades indígenas no pueden producir alimentos y sus ríos están contaminados.
Muchas organizaciones sociales locales como la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), el colectivo «Napo ama la vida» y otras están llevando a cabo diversas acciones sociales y jurídicas en contra de la minería, buscando constituir un territorio libre de actividades extractivas abusivas y convertirse así en un pueblo turístico, productivo y ecológico. En 2022 se logró que las fuerzas militares, por orden judicial, confiscarán cerca de 200 maquinarias a las empresas mineras. Esto supuso un paso importante por parte de las organizaciones en la defensa de la vida. Sin embargo, la amenaza minera sigue estando presente.
La Fundación Maquita, con el apoyo de Manos Unidas, trabaja para que las comunidades en las parroquias de Pano y Talag fortalezcan su modelo económico en la chakra amazónica, para resistir a los espejismos económicos que ofrece la minería aluvial aurífera. También para que sus organizaciones indígenas tengan mayores capacidades y medios para mantener sus propias formas de vida y su relación con la naturaleza, que es una forma clara y práctica de cuidar la Casa Común.
El papa Francisco nos recuerda que «deberíamos escuchar más a los pueblos indígenas y aprender de su forma de vida para comprender adecuadamente que no podemos continuar devorando codiciosamente los recursos naturales». Este es un postulado que Manos Unidas retoma de forma explícita en su nueva Estrategia Panamazónica.
