El día 5 de noviembre de 2015 una ola de barro sepultó varias comunidades del municipio de Mariana en el estado de Minas Gerais (Brasil). Murieron 19 personas, 350 familias perdieron sus casas y resultaron contaminados más de 680 km a lo largo de los ríos Gualaxo del Norte, Carmo y Río Doce, imposibilitando las labores agropecuarias, de pesca o turísticas que suponían el sustento de miles de personas, especialmente de las más pobres y vulnerables.
No se trató de una ola provocada por las lluvias, los vientos o por cualquier otro fenómeno natural. Ese día, el 5 de noviembre de 2015, la presa de Fundão no pudo soportar el peso de los millones de metros cúbicos de residuos de mineral de hierro generados por las minas de la compañía Samarco, participada por dos de las más importantes mineras del mundo, la anglo-australiana BHP Billiton y la brasileña Vale S.A. El vertido (entre 32 y 62 millones de metros cúbicos de lodo tóxico) triplicó el récord mundial de vertidos tóxicos asociados a la minería.
A diferencia de las catástrofes naturales, el colapso de la presa de Fundão era previsible y evitable; la propia fiscalía de Minas Gerais había afirmado ya en 2013 que existía la «posibilidad de desestabilización resultando en el derrumbamiento de la estructura». La indiferencia –cuando no el afán desmedido de lucro– de la empresa y la pasividad de las autoridades públicas ante los claros riesgos determinaron la magnitud de esta tragedia, pero no debemos olvidar que esta se enmarca en un contexto general denunciado por Francisco en la Encíclica Laudato si’: el de la explotación desmedida de los recursos naturales, el desprecio por las formas de vida de las comunidades, la connivencia de las autoridades con las grandes corporaciones y la falta de escrúpulos de muchas de ellas en la búsqueda de mayores beneficios.
Manos Unidas visitó las comunidades afectadas de Mariana en mayo de 2017. Allí pudimos ver las casas, escuelas, comercios e iglesias hundidas bajo el barro y escuchar el testimonio de personas que lo habían perdido todo y que esperaban, más de un año después de la tragedia, las reubicaciones e indemnizaciones prometidas. Desde noviembre de 2017, Manos Unidas apoya a los pobladores a través de la Asociación Estatal de Defensa Ambiental y Social (AEDAS), que tiene como objetivo organizar a las comunidades afectadas para que puedan recuperar, en la medida de lo posible, todo aquello que el lodo tóxico les arrebató un 5 de noviembre de 2015.
Tejiendo redes
Respondiendo a la llamada de Francisco, muchas organizaciones eclesiales, entre ellas Manos Unidas, han puesto en marcha o han reforzado iniciativas que tienen como fin dar a conocer los efectos de la actividad extractiva sobre el medio ambiente y sobre la vida de las personas. Tal es el caso de la Red Iglesia y Minería, que busca unificar una respuesta ante los impactos de la minería en el conjunto del continente americano, o de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) que se constituye como un frente de defensa ante las actividades (mineras, petroleras, madereras, agroindustriales, etc.) de explotación incontrolada de recursos naturales en la Amazonía. Asimismo, desde CIDSE –alianza que agrupa a varias organizaciones católicas de desarrollo– se ha iniciado un proyecto de denuncia y sensibilización que, a través de la catástrofe de Mariana, persigue concienciar a la opinión pública europea sobre el uso insostenible de los recursos naturales en los países del Sur.
