Hasta la semana pasada, las vidas de miles de personas en la República Dominicana permanecían en un limbo, como consecuencia de la polémica sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional que supuso la desnacionalización de más de 250.000 personas dominicanas, afectando especialmente a las personas de ascendencia haitiana. La falta de documentos identificativos impedía su acceso a servicios básicos, ya que sin cédula de identidad es imposible registrarse para realizar estudios superiores, casarse, acceder a empleo formal o a servicios de sanidad. La reciente decisión del Senado Dominicano de aprobar una propuesta de ley que reconozca el derecho a la nacionalidad de los inscritos entre 1929 y 2007 ha dado un vuelco a la situación.
Esta decisión supone un importante paso en el reconocimiento y proceso de garantizar los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana inscritas entre 1929 y 2007, aunque aún queda por resolver la situación de aquellas cuya situación no queda reconocida por esta nueva ley, en particular las que carecen de documentación legal que registre su nacimiento: las no inscritas entre 1929 y 2007 deberán registrarse como extranjeros.
Esta ley especial presentada por el Presidente Danilo Medina ha sido bienvenida por las organizaciones de derechos humanos, tanto en el país como a nivel internacional, como un avance hacia la solución definitiva de una injusta situación que afronta uno de los colectivos más vulnerables de República Dominicana.
Las organizaciones españolas ALBOAN, Coordinadora de Comités Oscar Romero, Entreculturas, InspirAction, InterRed, Manos Unidas, OCASHA-Cristianos con el Sur, llevan meses demandando que se garantice el respeto a los derechos de estas personas. Hasta el año 2010, la Ley dominicana reconocía el derecho a la nacionalidad de aquellas personas nacidas en territorio nacional, aunque a muchos descendientes de haitianos se les denegaba la nacionalidad de manera rutinaria. En septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional de República Dominicana negó en una polémica sentencia el derecho a la nacionalidad de Juliana Deguis Pierre, a pesar de haber nacido en el país y de haber vivido durante sus 29 años como dominicana. Decenas de miles de personas que hasta el momento estaban registradas como dominicanos/as quedaron de repente condenadas a una situación de apatridia, sin ninguna nacionalidad que les amparase.
El proceso para revertir esta situación ha implicado la movilización de organizaciones a nivel nacional e internacional. En España, se ha instado a representantes políticos del Congreso y del Parlamento Europeo a suscribir una carta al Presidente de la República mostrando su inquietud ante la problemática e invitándole a tomar medidas que salvaguardasen los derechos humanos de las personas afectadas por la sentencia. La Plataforma Dominicanos por Derecho, ha declarado que “esta ley especial presentada por el Presidente Danilo Medina es un importante paso adelante para acabar con la injusta situación en la que viven miles de hombres y mujeres dominicanos que han sido privados de su nacionalidad”.
Las organizaciones españolas ALBOAN, Coordinadora de Comités Oscar Romero, Entreculturas, InspirAction, InterRed, Manos Unidas, OCASHA-Cristianos con el Sur damos la bienvenida a los avances realizados e invitamos al Estado de la República Dominicana a seguir el camino establecido hasta el momento en la lucha y el reconocimiento de derechos de las personas más vulnerables del país, puesto que aún queda por resolver la situación de las personas no inscritas. Estefanie Felipe Brito, de 15 años, explica que "mi mamá no me ha podido declarar (registrar) porque ella no tiene papeles". La joven declaró en una reciente entrevista con The Associated Press que su madre, como ella nacida en República Dominicana, no registró el nacimiento de ninguno de sus cuatro hijos porque el registro civil le negó copias de su acta de nacimiento por ser hija de inmigrantes haitianos.
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