El narcotráfico, en sinergia con otras formas de economía ilegal, está disputando el control del territorio amazónico. Los estragos de la pandemia COVID-19 y la débil institucionalidad estatal en zonas lejanas ha favorecido que la criminalidad se expandiera de forma violenta. Prueba de ello son los 18 asesinatos en la Amazonía peruana en dos años y medio (desde 2020 a 2022), una cifra récord para el país.
Ocho comunidades del pueblo kakataibo atraviesan la misma situación, pero el caso de Unipacuyacu es emblemático, ya que se trata de una comunidad cercada por el narcotráfico en la que, a pesar de tener aprobado un protocolo de defensa de los derechos humanos, los esfuerzos son insuficientes puesto que en la zona no imperan las normas del Estado, sino el poder económico del narcotráfico capaz de corromper a todas las autoridades que se opongan a sus objetivos.
