2022 fue un año enfocado a restaurar la normalidad, tras la pandemia sanitaria declarada dos años antes, que nos dejó una situación de mayor vulnerabilidad y pobreza en los colectivos más desfavorecidos y un incremento de los indicadores de violencia, especialmente dirigidos hacia mujeres y menores, así como a defensores de derechos humanos.
La invasión de Ucrania agravó esta situación económica, como consecuencia de la crisis energética, del desabastecimiento y encarecimiento de los alimentos y de la subida generalizada de la inflación. Circunstancias que, como pasa siempre, vuelven a afectar en mayor medida a los colectivos más vulnerables.
Merece una especial mención la creciente inestabilidad político social del continente latinoamericano, que se manifiesta en casos tan significativos como Haití, convertido hace tiempo en un estado fallido donde los grupos criminales campan a sus anchas; Perú, con un grave conflicto político y de orden público enquistado; Colombia, donde no se acaba de superar el histórico conflicto armado por las trabas al proceso de paz y Nicaragua, con un gobierno en contra de la sociedad civil y donde la actuación de las ONG, entre ellas Manos Unidas y muchas organizaciones hermanas, está resultando muy difícil. A estos ejemplos podrían sumarse muchos otros, con sus particularidades, como Brasil, El Salvador, México, etc.
Uno de los efectos que ha traído esta inestabilidad es la impunidad con la que actúan los grupos de interés públicos y privados, a cuyos intereses estorba la actividad de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos, hacia los que ejercen una violencia extrema. Esto nos ha tocado muy cerca, ya que hemos sufrido el asesinato de dos amigos que trabajaban con socios locales colombianos: Luz Marina Arteaga, de la Corporación Claretiana, y Ever Ortega, del Servicio de Jesuitas de Refugiados.
A título operativo, la superación de las fases críticas de la pandemia permitió retomar nuestra actividad en ritmos normales, especialmente en lo referente a los viajes al terreno, habiendo podido realizar doce a lo largo del año.
En lo que respecta a resultados, los esfuerzos de trabajo y dedicación del ejercicio se han concretado, de 2021 a 2022, en pasar de 150 a 163 proyectos y en incrementar la inversión en un 4,4 %, llegando a superar la cifra de 15 millones de euros. En su distribución por sectores de intervención destaca «Alimentación y medios de vida» con un 42 %, seguido de «Derechos de la mujer y equidad» con un 23 % y «Derechos Humanos y sociedad civil» con un 13 %.
Por lo que respecta a las actuaciones de emergencia, en 2022 atendimos ocho proyectos, cuatro en Haití, dirigidos a paliar la situación de inseguridad y saqueos que ha provocado una falta de alimentos y dos en El Salvador y Cuba por los daños causados por los huracanes.
Cabe destacar finalmente que en septiembre se celebró en el Vaticano el 30 aniversario de la Fundación «Populorum Progressio» y, con tal motivo, el Consejo de Administración, del que formamos parte, fue recibido en audiencia privada por el papa Francisco.
Irma Zepahua, de Magdalena (México) nos da un ejemplo de la violencia que se incrementó en 2022 y de cómo luchamos contra ella con nuestros socios locales: «Mi hija fue asesinada por su ex pareja y llegué con dolor, rabia, miedo e impotencia a Kalli Luz Marina. Han pasado ocho meses desde que me atendieron y me he ido recuperando, ganando más fuerza, Kalli me dio la fuerza y me la sigue dando. He recibido y he visto mucha ayuda, psicológica y jurídica, a otras mujeres».
