Defensa y exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas en Brasil

El Estado de Amazonas, norte de Brasil, es el estado más grande y uno de los que afrontan mayores índices de pobreza y violencia en el país.

Es, además, la región donde se concentra mayor porcentaje de población indígena y mayor número de tierras indígenas ya demarcadas o pendientes de demarcar. Según informaciones del Gobierno Federal, de las 355 tierras indígenas que existen en el Estado de Amazonas, aún no se ha iniciado el trámite para el reconocimiento formal como tierra indígena de 204 (57%).

 

Por la relevancia que tiene la tierra para los pueblos indígenas, para garantizar su subsistencia y la continuidad de sus sistemas culturales, la demarcación es una cuestión fundamental, ya que el no reconocimiento de los territorios facilita la invasión por parte de empresas madereras, mineras, petrolíferas, agroindustriales, de pesca, etc. Estas invasiones conllevan la amenaza o el uso de la violencia indiscriminada contra la población, la migración a zonas urbanas y el posterior paso a la marginalidad, así como la imposibilidad de acceder a políticas públicas que mejoren la salud y la educación de las comunidades. La contraparte local, Conselho Indigenista Missionário (CIMI) es una institución vinculada a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. Nació en 1972 y se estructura en 11 Regionales.

 

El presente proyecto está ejecutado la Regional Norte I del CIMI, que contempla los Estados de Amazonas y Roraima, con la que Manos Unidas ya ha colaborado anteriormente en dos zonas distintas: municipio de Barcelos (Río Negro) y municipio de Atalaia do Norte (Vale do Javari).

 

Se trata de dos zonas que presentan los peores indicadores a nivel regional y en las que se trabaja específicamente con las etnias Baré, Baniwa y Tukano (Barcelos) y Marubo (Vale do Javari).

 

 

La intervención beneficia a un total de 2.496 personas, pertenecientes a 43 comunidades indígenas.

Para ello se apoyan procesos de demarcación de territorios, se forma a las comunidades para una defensa efectiva de sus derechos, se brinda protagonismo a mujeres y jóvenes y, finalmente, se refuerza la capacidad de organización e incidencia para lograr un acceso justo a políticas públicas.

 

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

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