ELABORACIÓN SOCIAL Y PARTICIPATIVA DE UN NUEVO MARCO LEGAL DEL AGUA, EN ECUADOR.

Ecuador es un país con una gran riqueza y diversidad natural, que sin embargo al mismo tiempo lleva consigo grandes desigualdades históricas que están bastante consolidadas y muchas veces sustentadas por normativas legales que profundizan e institucionalizan estas disparidades. Ese es el caso del agua, cuya problemática principal es que el marco legal y la institucionalidad existentes en la materia son excluyentes y apoyan al modelo extractivista imperante en el país, que pone en total riesgo el acceso al agua para la mayor parte de la población. Según datos de la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA, el 2% de autorizaciones de uso de agua (caudales superiores a 50 litros por segundo), representan el 94,3% de todo el caudal nacional autorizado, mientras que el 88% de las autorizaciones (caudales menores a 5 litros por segundo), representan sólo el 1,4% de todo el caudal autorizado a nivel nacional, y justamente en este último grupo están las grandes mayorías de campesinos e indígenas que legalmente pueden acceder al agua, sin tener en cuenta a los que no acceden todavía. Este nivel de concentración del uso del agua en muy pocas manos, principalmente del poder económico exportador, es muy similar al nivel de concentración de las tierras cultivables en Ecuador. Para mantener esta concentración del agua y tierras, siempre se han generado normativas e institucionalidades que apoyaban al poder económico. Sin embargo, en enero del 2022 la Corte Constitucional ha derogado la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUYA), promulgada en el 2014, tras de una demanda de inconstitucionalidad que ha presentó el movimiento indígena y campesino del Ecuador. El Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas - IEDECA, es una entidad de desarrollo que desde los años 90 trabaja con comunidades indígenas y campesinas, principalmente en el acceso al agua para consumo humano y regadío, habiendo ejecutado con el apoyo de Manos Unidas varios proyectos de desarrollo. Este proyecto pretende dar respuesta a la problemática estructural del agua en el país, con una duración de 6 meses y con la participación de 2.000 personas. Se trabajará en la elaboración de una propuesta de marco legal sobre el agua, desde el enfoque de derechos y equidad, elaborado con la participación de las principales organizaciones sociales, comunitarias, ONGs y ámbitos académicos, conformando una mesa técnica interinstitucional, para orientar el trabajo y, al mismo tiempo, garantizar la calidad y solvencia de la propuesta. Para ello inicialmente harán un trabajo de análisis crítico de las anteriores normativas sobre el agua, luego llevarán a cabo 8 talleres regionales con la participación de al menos el 45% de mujeres en todo el territorio nacional, posteriormente sistematizarán la información obtenida y con ello la mesa técnica hará el trabajo de redacción de la propuesta de normativa del agua, que será validada socialmente y luego presentada a la Asamblea Nacional (R1). También se elaborará material de comunicación (como folletos, carteles, videos) para difundir la propuesta por medio de las redes sociales, y también en las diferentes organizaciones afiliadas al movimiento indígena y campesino del país (R2). Para que esta iniciativa de incidencia política se haga realidad solicitan el apoyo de Manos Unidas para cubrir los costos de equipos, personal técnico, materiales, viajes, dietas y funcionamiento (77%), el aporte local será principalmente en estos mismos rubros (23%). Con la presente propuesta se contribuye al logro de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) nº 1 "Fin de la Pobreza" y nº 10 "Reducción de las Desigualdades.”

Con este proyecto se pretende: Contribuir en la generación de un modelo democrático y sostenible para la gestión del agua en Ecuador. Desarrollar un marco legal sobre el agua con enfoque de derechos y equidad, construido con la participación de las organizaciones sociales y comunitarias.