PROYECTO 2020-2021

Fortalecimiento red justicia y paz para defensa de los derechos humanos en Haití

Desde el año 2004, fecha en que intervinieron las fuerzas de seguridad de la ONU, los graves problemas estructurales que obstaculizan el avance de los derechos humanos en Haití no han mejorado. Esos obstáculos, como la corrupción y la gran debilidad de las instituciones, han dado lugar a los últimos disturbios sociales reclamando una mejora de las condiciones de vida de los habitantes. El 60% de los 11 millones de haitianos vive por debajo del nivel de la pobreza, lo que les sitúa como la nación más pobre del continente americano y una de las más pobre en el mundo. Esta situación provoca enormes dificultades económicas y sociales como la falta de empleo, sobre todo para los jóvenes y las mujeres, y una permanente inseguridad alimentaria. Los servicios básicos como la atención médica, el agua potable, la electricidad o la educación quedan fuera del alcance de la gran mayoría. La situación de Haití se ve agravada aún más por su vulnerabilidad frente a las catástrofes naturales que lo azotan año tras años y paralizan el poco desarrollo que se consigue alcanzar con gran dificultad. En este semillero de pobreza se mueven a sus anchas las bandas criminales, sobre todo en las zonas más desfavorecidas de la capital Puerto-Príncipe, donde la presencia del Estado es casi inexistente. Estas bandas actúan con total impunidad sembrando el terror entre las personas ante la pasividad de las fuerzas estatales que carecen de medios para controlarlas. La policía no siempre cumple con su obligación de proteger a la población y rara vez las investigaciones acaban con la detención de algún culpable de actos criminales. En 2018, se investigó solamente el 12% de los casos de violación contra los derechos humanos sin conseguir ninguna medida judicial. Nuestro socio local, la Comisión Episcopal Nacional Justicia y Paz (JILAP) es una institución de la Iglesia Católica de Haití que lleva 50 años trabajando en el ámbito de la dignidad de las personas y de sus derechos. Manos Unidas viene apoyando esta labor desde hace varios años y ha comprobado en el terreno la necesidad y eficacia de su trabajo. Interviene en todo el país a través de 335 comisiones parroquiales, 10 comisiones diocesanas y la coordinación nacional en Puerto-Príncipe. Con este proyecto, pretendemos fortalecer durante 24 meses el trabajo de estas comisiones en defensa de los derechos humanos. Las líneas de acción son la mejora de la capacitación de sus miembros, 1.224 voluntarios entre hombres y mujeres, y la coordinación de las comisiones parroquiales, diocesanas y nacional que organizarán 20 asambleas generales a lo largo de 2 años y 44 encuentros en las diócesis. Estos voluntarios serán formados para detectar la violación de los derechos humanos y acompañar a las víctimas frente a la dejación de las autoridades. Manos Unidas colabora con el 70% del presupuesto, la mayoría de los cuales se destinan a la celebración de las asambleas (desplazamientos y alimentación de los beneficiarios) y a costes de personal local. El 30% restante se reparte entre el socio local (personal) y beneficiarios (cesión de espacios y contribución a los gastos de las asambleas).Los beneficiarios directos son 1.224 voluntarios.

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

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