El conflicto que comenzó, al abrigo de la pandemia, el 4 de noviembre de 2020, se ha calificado como «una de las guerras más crueles del siglo XXI».
El enconamiento de los grupos armados rivales –el ejército federal, apoyado por militares de la vecina Eritrea y las milicias Amhara, y el ejército del TPLF (Frente de Liberación Popular del Tigray)– llevaron a la población civil a padecer actos de una crueldad inusitada.
Durante dos años, los bancos permanecieron cerrados, las escuelas vacías, las telecomunicaciones y la electricidad cortadas. Y los pocos centros médicos aún operativos funcionaban casi sin recursos.
«En el Tigray no hay una sola familia que no haya sido víctima del conflicto», aseguran los socios locales con los que Manos Unidas trabaja en la región. Mujeres y niñas fueron violadas, hubo torturas, desplazamientos, desapariciones, asesinatos…
«Hay madres que han visto morir a todos sus hijos; hombres que han asistido con horror a la violación de sus madres, hijas, hermanas, asesinatos masivos… La violencia ha sido tan brutal que parece imposible que haya sido obra de seres humanos», relatan.
«En estos momentos, superar el trauma es fundamental para poder seguir con la vida diaria», asegura Tewelde Haileselassie, director adjunto de la Oficina de Desarrollo del Secretariado Católico de la Diócesis de Adigrat (ADCS), con la que Manos Unidas ha continuado trabajando en estos años en Etiopía, a pesar de las dificultades.
Dos años después del inicio de la guerra, las partes contendientes firmaron en Pretoria (Sudáfrica) el acuerdo de paz que silenció las armas, acabó con el bloqueo y permitió a la castigada población tigriña empezar a transitar por la senda de la recuperación.
