Proyecto 2026-2027. RDO/79467

El proyecto se desarrolla en la República Dominicana, con alcance nacional y acciones específicas en Santo Domingo, Santiago y las zonas fronterizas de Dajabón y Jimaní. En estas zonas hay fuertes desigualdades territoriales, alta presencia de población migrante, especialmente de origen haitiano, y limitaciones en el acceso a servicios básicos. La intervención responde a la persistencia de barreras que dificultan la protección y el acceso efectivo a derechos de la población migrante y sus descendientes. Un aspecto especialmente crítico es la situación de muchas personas nacidas en el país de ascendencia haitiana que carecen de documentación o reconocimiento legal, lo que las sitúa en riesgo de apatridia y les impide acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud o el empleo. A ello se suman situaciones de discriminación, exclusión social, detenciones y deportaciones, así como la difusión de discursos de odio que debilitan la convivencia. La situación de las mujeres es especialmente preocupante. Muchas se enfrentan a una fuerte precariedad económica, sobrecarga de cuidados y violencia de género. En particular, las mujeres embarazadas se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, ya que en ocasiones evitan acudir a centros de salud por temor a ser identificadas y deportadas, lo que supone un grave riesgo para su salud y la de sus hijos e hijas.

En el proyecto participarán directamente 865 personas (490 mujeres y 375 hombres), entre población migrante, dominicana de ascendencia haitiana y comunidades de acogida en situación de vulnerabilidad. Se trata de personas con acceso limitado a recursos, inserción mayoritaria en la economía informal y expuestas a importantes riesgos legales y sociales, que participan activamente en procesos comunitarios orientados a mejorar sus condiciones de vida.

La propuesta es implementada por el Centro Montalvo, organización jesuita con amplia trayectoria en derechos humanos, migración y fortalecimiento comunitario, con presencia consolidada en los territorios y trabajo en red con organizaciones sociales, eclesiales e instituciones públicas. La duración del proyecto es de 12 meses. 

Su objetivo específico es fortalecer las capacidades comunitarias y organizativas de protección, incidencia y respuesta de personas migrantes, sus descendientes y comunidades de acogida en territorios priorizados. Para ello se espera:

• fortalecer las capacidades comunitarias (R1), 
• contribuir a reducir la desinformación y los discursos de odio (R2) 

• y mejorar la respuesta ante situaciones de vulneración de derechos y el acceso a servicios (R3).

  El proyecto incluye acciones como la identificación y análisis de situaciones de vulneración de derechos, la formación de personas líderes, el fortalecimiento de capacidades económicas y financieras de mujeres migrantes y de comunidades de acogida, la orientación legal y el acompañamiento en casos de especial vulnerabilidad, así como campañas de sensibilización y espacios de diálogo con instituciones públicas para mejorar el acceso a derechos. 

  Manos Unidas aporta aproximadamente el 77% del coste total del proyecto, financiando principalmente las actividades de formación, acompañamiento directo, sensibilización y coordinación. El 23% restante corresponde a aportaciones de la entidad socia local y otros financiadores, destinadas a recursos humanos y funcionamiento del proyecto. 

  El proyecto contribuye principalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 "Reducción de las desigualdades" y 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas", al promover la inclusión social, la protección de derechos y la convivencia pacífica.