Luz Ariadna Vallejos forma parte de la organización Decidamos, un histórico referente en Paraguay en el apoyo a organizaciones territoriales y campesinas. Desde finales de 2021 acompaña a las comunidades de los asentamientos periurbanos, en la ciudad de Luque, donde, apoyados por Manos Unidas, trabaja por el fortalecimiento comunitario, la seguridad alimentaria y la prevención de la violencia de género.
¿Qué son los asentamientos periurbanos y cómo se configuran estas comunidades?
Los asentamientos en Paraguay, especialmente en el Departamento Central, son un fenómeno relativamente reciente que ha crecido mucho en los últimos 20 o 25 años. Hoy existen más de 2.500 asentamientos periurbanos en el país, consecuencia de la migración de jóvenes que no encuentran oportunidades en el ámbito rural ni acceso a la agricultura familiar campesina.
Cuando llegan a la periferia de las ciudades se encuentran con una realidad muy compleja: falta de políticas públicas, ausencia de seguridad social y condiciones de vida muy precarias. Generalmente, los asentamientos comienzan cuando un grupo organizado ocupa un terreno abandonado; se crea un comité o coordinadora, se delimitan los terrenos y se empieza a construir vida comunitaria desde cero: limpiar el terreno, levantar viviendas y gestionar el acceso a servicios básicos. Primero llegan el agua y la electricidad de forma informal y, con el tiempo, empieza la formalización, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar condiciones dignas.
¿Con qué comunidades están trabajando ahora mismo?
Estamos trabajando con dos organizaciones comunitarias: Kuña Guapa y Guillermo Jesús. Kuña Guapa se encuentra en el asentamiento Flor de Itapúa Mi, que tiene unas 42 hectáreas y alrededor de 1.500 familias; es uno de los asentamientos más grandes del Departamento Central, con unos ocho años de existencia y una población muy joven, sobre todo hijos e hijas de campesinos que migraron del campo.
El asentamiento Guillermo Jesús agrupa a unas 650 familias y han sufrido situaciones muy duras, incluidos dos desalojos violentos. En uno de ellos falleció un bebé por los gases lacrimógenos usados durante la represión policial, y el asentamiento lleva su nombre en memoria de ese niño. Hoy las familias siguen luchando por la titulación de la tierra y por el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y educación.
El proyecto que compartís con Manos Unidas se articula en tres grandes ejes. ¿Cuáles son y cómo se concretan?
Desde Decidamos, junto con Manos Unidas, trabajamos en tres ejes fundamentales.
El primero es el fortalecimiento organizativo: buscamos que las organizaciones comunitarias ganen autonomía a través de talleres sobre derechos, acceso a políticas públicas y mecanismos de participación, para que las propias comunidades puedan gestionar directamente ante el Estado y exigir el cumplimiento de sus derechos.
El segundo eje es la seguridad alimentaria, principalmente mediante huertas agroecológicas familiares. Cada familia cuenta con su huerta para el autoconsumo y el pequeño excedente se vende, se intercambia o se comparte en la comunidad, en una lógica de economía social y solidaria, con precios justos y redes de apoyo mutuo. Estas huertas se conciben de forma integral: incluyen árboles frutales, plantas medicinales y flores, para crear ecosistemas saludables.
El tercer eje es la prevención de la violencia de género. Trabajamos sobre todo con mujeres, que son alrededor del 90% de las participantes; las huertas han sido una puerta de entrada clave para generar confianza y espacios de encuentro entre ellas, desde donde abordar los diferentes tipos de violencia, acompañar procesos de denuncia y ofrecer apoyo. En la comunidad se dio incluso un caso de feminicidio que fue acompañado por la organización y, gracias a la movilización comunitaria, se logró una condena de 27 años de prisión para el agresor, un hito muy importante para todas.
La violencia existe más allá de los conflictos armados. ¿Cómo se manifiesta esa violencia en los asentamientos?
Nosotras hablamos de violencia estructural. Los asentamientos existen porque no hay políticas públicas que apoyen a las familias campesinas: sin acceso a tierra, crédito o apoyo a la agricultura familiar, las personas se ven obligadas a migrar.
En la ciudad, la mayoría se enfrenta a trabajos precarios, jornadas largas y ausencia total de derechos laborales y seguridad social, especialmente los hombres, mientras que las mujeres asumen casi en exclusiva el cuidado del hogar y de los hijos. Todo esto genera pobreza, desigualdad y exclusión.
Además de vuestro trabajo con las mujeres adultas, ¿qué hacéis con la infancia y los adolescentes?
Cuando comenzamos a trabajar con Kuña Guapa, muchas mujeres llegaban a las reuniones con sus hijos e hijas y vimos la necesidad de incluirles de forma activa. Mientras las madres participaban en los talleres, los niños y niñas realizaban actividades educativas con un equipo de educadores.
Con el tiempo esos niños han ido creciendo y algunos ya son adolescentes, por eso ahora impulsamos una Secretaría de Niñez y Adolescencia dentro de la organización, para que también ellos puedan participar y ser protagonistas en la construcción de su comunidad.
¿Qué retos os planteáis de cara al futuro en estos asentamientos?
Uno de los proyectos que estamos impulsando es la creación de una panadería comunitaria, que refuerce la seguridad alimentaria y genere ingresos para las mujeres. Esto es clave para reducir la dependencia económica, que muchas veces está ligada a situaciones de violencia de género.
Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la organización comunitaria, mejorar la seguridad alimentaria y construir comunidades más justas y dignas. Queremos que las familias puedan quedarse en sus territorios con mejores condiciones de vida y que las mujeres, niñas, niños y adolescentes se reconozcan como sujetos de derechos.
