Socios locales de Manos Unidas advierten de la grave situación que atraviesa el país.
El país más pobre de América, castigado durante décadas por la inestabilidad política, social y económica, así como por los desastres naturales que cíclicamente golpean la isla, vive estos días una compleja crisis que hace más vulnerable a la población y la impide cubrir con dignidad sus necesidades más básicas.
Además de las consecuencias generadas por la Covid-19, Haití está haciendo frente en las últimas semanas a un pico de tensión y violencia que está causando enormes sufrimientos y desbarata los esfuerzos que se vienen haciendo por recuperar un tejido social y económico que dé respuesta a las necesidades de los tres millones y medio de personas que se encuentran en situación de crisis alimentaria.
Como explica Xavier Adsarà, presidente de NPH, socio local de Manos Unidas en Haití, «la caótica situación actual es consecuencia del descontento social generalizado a causa del hambre en el país, la falta de empleo y de ingresos mínimos para poder cubrir la alimentación, la educación y gastos de salud de las familias, así como por unas condiciones de vida extremadamente precarias, lo que contrasta con una riqueza concentrada en unos pocos en Haití. La clase política está siendo incapaz de empatizar con los verdaderos problemas de su gente, que principalmente sufre hambre, miseria y hartazgo por los problemas históricos que Haití arrastra desde hace décadas».
El desencadenante de las actuales tensiones políticas en Haití es la polémica en torno al fin del mandato del presidente del país, Jovenel Moïse. La oposición reclama su dimisión pero el presidente se niega a dejar el cargo. El giro autoritario del gobierno y su controvertida reforma constitucional para perpetuarse en el poder han producido un estallido entre la población.
«Las autoridades del gobierno y su policía son incapaces de cortar este creciente clima de inseguridad social –continúa Xavier Adsarà–, ante bandas organizadas que controlan los suburbios de la capital y están mejor armados que la propia policía local. Todo indica que estos grupos armados reciben el apoyo de los grupos opositores al gobierno de Jovenel Moïses».
Las comunidades religiosas y las mujeres son víctimas fáciles de los secuestros exprés, que los sufren con mayor frecuencia que los hombres… Y los asaltos sexuales a mujeres y niñas están aumentando por momentos (Colette Lespinasse, FMS).
Desde hace un año la población haitiana viene sufriendo un incremento del número de secuestros que, según Adsarà, en estas semanas han alcanzado un pico que se cifraría en torno a «1.000 secuestros en total y 25 nuevos secuestros exprés cada semana».
La violencia toma cuerpo en un país donde más del 76 % de la población vive en una situación de pobreza agravada por la pandemia Covid-19, lo cual está generando un escenario muy duro. En las calles hay miedo a ser secuestrado y esto impide realizar las actividades cotidianas con normalidad, como ocurre en muchas escuelas, que han cerrado sus puertas para proteger a los estudiantes y a los profesores.
La violencia es particularmente grave en la zona sur de la capital, donde se ubica el Foyer Maurice Sixto (FMS), socio local de Manos Unidas. La responsable de la institución, Colette Lespinasse, advierte que «los secuestros y asesinatos son cada vez más numerosos». «Las comunidades religiosas y las mujeres son blancos y víctimas fáciles de los secuestros exprés, que los sufren con mayor frecuencia que los hombres… Y los asaltos sexuales a mujeres y niñas están aumentando por momentos».
Los representantes de la Iglesia católica han alzado sus voces mediante un comunicado destinado a toda la población del país, a los miembros del gobierno y a los líderes de la oposición con el fin de fijar la posición firme e inalterable de la Iglesia en las condiciones actuales de extrema angustia en que se encuentra el país, que es la de estar siempre del lado de la ley, la verdad, la justicia y el respeto a la vida y la dignidad humana.
«El país está al borde de la explosión; la vida cotidiana del pueblo es muerte, asesinatos, secuestros, impunidad e inseguridad. El descontento está en todas partes, en casi todas las áreas», se afirma en el texto publicado en los primeros días de febrero por la Conferencia Episcopal de Haití.
En el comunicado, los obispos ruegan por construir el diálogo social e institucional porque, como dicen, «solo a través del consenso se puede ayudar a los diferentes actores a evitar que todo Haití se adentre aún más en el fondo del abismo».
La actual crisis ha deteriorado aún más las condiciones económicas y sociales de la población, que sigue adelante a pesar del impacto de catástrofes naturales como el huracán Matthew en 2016 o el terremoto de 2010, así como las sequías y epidemias de cólera que han azotado el país caribeño a lo largo de los años.
En un contexto en el que el Estado no es capaz de asegurar los servicios más básicos, el trabajo de organizaciones internacionales como Manos Unidas es necesario para acompañar los esfuerzos de los haitianos y hacer llegar ayudas de forma segura, rápida y eficiente a aquellos colectivos de población más vulnerables.
La organización de la Iglesia católica lleva más de tres décadas trabajando en el país. En los últimos 5 años, Manos Unidas ha aprobado 74 proyectos por un importe total de 5.382.809 € para apoyar a más de medio millón de personas.
