Así lo asegura un informe presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
La violencia se ceba con los defensores de derechos humanos y con los jóvenes de barrios pobres de Honduras
Las organizaciones Cáritas Honduras, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, la arquidiócesis de San Pedro Sula, con el acompañamiento de la Organización Mundial Contra la Tortura y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), presentaron un informe alternativo al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas con el fin de denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas en el país centroamericano.
Desde 2016, Manos Unidas apoya a la Pastoral Social Cáritas Honduras en un programa de defensa y promoción de los derechos humanos en siete municipios de la diócesis de San Pedro Sula. El proyecto nace debido a los altos niveles de violencia que afectan a defensores medioambientales y de derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, niños, jóvenes, migrantes, líderes, campesinos, periodistas, trabajadores de la comunicación y operadores de justicia.
Esta violencia se debe a varios factores: el crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de las maras; una mala respuesta judicial que conlleva la impunidad, la alta corrupción política y los altos niveles de pobreza y desigualdad.
Carlos Paz, director de Cáritas en San Pedro Sula y socio local de Manos Unidas, explica:
«Con este informe, estamos dando una información alternativa que contradice los datos presentados por Honduras y que presumen del impacto positivo del estado de excepción mediante el control del crimen organizado cuando, en realidad, hasta la fecha, ha habido unas graves violaciones sostenidas y sistemáticas de los derechos humanos».
«La desprotección a la que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y, en definitiva, las personas que viven en situación de pobreza (como los jóvenes que viven en barrios pobres) es producto de la debilidad institucional y la falta de una política integral en materia de protección dirigida desde el Estado hondureño. Todos ellos viven bajo la amenaza y el temor a ser asesinadas, detenidas, desaparecidas, torturadas, desplazadas, amenazadas y judicializadas arbitrariamente».
El documento recoge múltiples violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, abusos durante allanamientos de morada sin orden judicial e implantación de pruebas falsas. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la alta inseguridad que se vive en el país proviene del mismo cuerpo policial y de la policía militar a través del uso ilegítimo de la fuerza.
En 2023, se registraron al menos 363 ataques en contra de activistas sociales y 17 asesinatos.
El estado de excepción, decretado hace dos años, suspendió los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos fundamentales, además de otorgar facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial. Los centros penitenciarios también se encuentran bajo el control de las Fuerzas Armadas y, desde 2017, se han documentado alrededor de 109 casos de muertes bajo custodia, de las cuales el 47 % corresponde a mujeres privadas de libertad. Por otro lado, la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos es altamente preocupante.
El informe alternativo presentado por las organizaciones es muy denso y detallado y da cuenta, como afirma Paz, «que estos años no han permitido al Estado hondureño salir de la violencia heredada de años de dictadura y corrupción».
Un caso que viene recogido es el de Wilson Ariel Pérez, que fue asesinado en un supuesto enfrentamiento con miembros de la Fuerza Anti Maras y Pandillas. Por este motivo, el 31 de mayo de 2022, Cáritas y Mecanismo Nacional de Prevención contra La Tortura (CONAPREV) acompañaron a los familiares del joven. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras instó al Estado hondureño a la realización de una investigación rápida, exhaustiva e independiente. Y es que el médico forense determinó que Wilson no murió en un enfrentamiento, sino que fue víctima de una paliza de parte de sus captores. Murió de una hipoxia cerebral mientras le pegaban.
