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NOTICIAS 16 de noviembre de 2009
LUCHAR CONTRA EL HAMBRE Y RESOLVER LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL
CIDSE y APRODEV buscan un mundo justo y en paz donde la dignidad de las personas esté asegurada y se respeten sus derechos; en el que se cubran las necesidades básicas y los recursos se compartan de forma equilibrada y sostenible; donde las personas tengan control sobre sus propias vidas y las acciones de los gobernantes sean para el bien común. Hambre y pobreza son injustas y faltas de ética. Es por esta razón que compartimos el compromiso de defender y promover el derecho universal a la comida. Creemos que este derecho se puede alcanzar cuando se cumplan los objetivos de participación incluyente, reducción de la pobreza y medio ambiente sostenible.
En vísperas de la Reunión Mundial para Seguridad Alimentaria, CIDSE y APRODEV piden que la Unión Europea mejore sus políticas, acelere la movilización de recursos y respalde propuestas para una nueva estructura global de control de alimentos. Un papel de liderazgo de la UE en la Reunión de Roma necesita de un esfuerzo combinado en estas tres áreas. Es una condición previa para que la Reunión tenga un impacto importante en las vidas de más de mil millones de personas que pasan hambre e inseguridad alimentaria. Recabamos de la UE y sus estados miembros el uso de las proposiciones voluntarias en el derecho a los alimentos como una estructura de acción de la UE en respuesta a la crisis alimentaria y para lograr el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2015. Las acciones de la UE deberían comenzar por escuchar las voces de los que sufren de inseguridad alimentaria. La participación de organizaciones productoras y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra el hambre y la pobreza debe ser genuina y efectiva, desde las etapas de consulta y reflexión hasta la toma de decisiones.
Desde esta perspectiva, APRODEV y CIDSE proponen 10 recomendaciones clave en las áreas de políticas, recursos y control.
Mejores políticas: Enfoque en pequeños productores
La relativa falta de inversión en agricultura durante las últimas tres décadas y la promoción de varios 'modelos de modernización' de la agricultura, ha llevado consigo la discriminación y el olvido de la mayoría de los pequeños agricultores porque carecen de las condiciones previas para implementar ese modelo. En los últimos dos años, sin embargo, esta tendencia ha sido cuestionada cada vez más. Se están desarrollando políticas alternativas para promocionar las pequeñas organizaciones productoras y reforzar su capacidad de mejorar la producción, cosecha, procesamiento, almacenamiento, transporte y poder de negociación con compradores y otras fuerzas del mercado. La UE debería respaldar estas políticas diversificadas y, en especial, enfocar sus políticas de intervención en incrementar el compromiso de agricultores y 'pequeños productores' en una política de desarrollo, y asegurar su acceso a los recursos productivos, incluyendo los de la tierra y el agua, créditos, seguros, información de los mercados, formación y servicios de extensión. Se requiere un énfasis particular para afrontar las necesidades de las mujeres productoras, que tienen un papel tan importante en la economía rural, a la vez que alcanzar las necesidades nutricionales de las familias y catalizar el desarrollo de la comunidad. Lo que significa que se deben adaptar las políticas a las necesidades específicas locales. No existe un planteamiento universal para el desarrollo agrícola.
Dar soporte a los sistemas sostenibles de agricultura y biodiversidad
Las políticas y prácticas agrícolas no deben dañar el medio ambiente y deben ayudar a preservar y conservar la tierra y el agua para su uso futuro en la producción agrícola. La UE debería dar prioridad a la ayuda a prácticas agrícolas basadas en sistemas agro-ecológicos locales y que incorporen un uso mixto de la tierra. Mientras que es significativa la contribución de las prácticas de agricultura intensiva al calentamiento global, los métodos agrícolas diversificados en pequeña escala ayudan a los agricultores a adaptarse al cambio climático y reducen la degradación del medio ambiente. La UE debe desaconsejar la introducción y promoción de semillas y cultivos modificados genéticamente. Las cosechas genéticamente manipuladas (GM) no se han probado de forma adecuada e independiente en climas tropicales en cuanto a su impacto en la salud humana y el medio ambiente. Además, las concentraciones de mercado de las grandes compañías agro-químicas y los derechos de propiedad intelectual otorgados a las semillas y cosechas GM crean una creciente dependencia de los campesinos de un tipo de semilla y les impide guardar y mejorar sus propias semillas. Las políticas agrícolas deben mejorar la disponibilidad, acceso y distribución de alimentos y, además, ayudar a mejorar el contenido nutricional de la dieta.
Regular los mercados agrícolas
El amplio alcance de las políticas de liberalización del comercio ha jugado un papel importante en la creación de la actual inseguridad alimentaria global. Debe existir un sistema asimétrico de reglas de comercio que permita un espacio suficiente para que las políticas de países en desarrollo puedan desarrollar políticas nacionales de agricultura y seguridad alimentaria. Estas reglas deben permitir varias formas de protección a los productores locales de alimentos, frente a las fuerzas destructivas del mercado. La propuesta de Salvaguardias Especiales y Productos Especiales debe fortalecerse en acuerdos comerciales que las hagan herramientas más efectivas en las estrategias de seguridad alimentaria y la protección frente a grandes importaciones. Estos mecanismos deben ser flexibles y fáciles de reclamar por los países en desarrollo y deberían incluirse en los acuerdos con países en desarrollo.
Seguridad en tenencia de tierras para los productores
La seguridad en la tenencia de las tierras es especialmente importante para las mujeres. Los alimentos, el clima y la crisis energética han coincidido en un gran aumento en la competencia por la tierra. Los países ricos y empresarios privados están intentando activamente conseguir concesiones/arrendamientos de tierras en países pobres en vías de desarrollo, especialmente en el África subsahariana. Dentro del cada vez más competitivo mercado de la tierra para alimentos, forraje animal o bioenergía, el derecho de los pueblos locales a su tierra y forma de vida deben respetarse, protegerse y promoverse, especialmente en la seguridad de tenencia de la tierra por las mujeres que debe mejorarse. La UE debe promover un Código Internacional de Conducta para regular la inversión en tierras y guiar la tenencia responsable de la tierra y otros recursos naturales para la promoción de la seguridad alimentaria y formas de vida rurales. Los países deben tener libertad para reservar la propiedad de buenas tierras agrícolas para sus explotaciones familiares domésticas, como sucede en algunos países europeos.
Recursos suficientes:
Respaldar los compromisos ODA
En Monterrey, los estados miembros de la UE han acordado comprometer el 0,7% de su Producto Interior Bruto para la Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) al año 2015. En 2005, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido acordaron alcanzar un objetivo intermedio del 0,515 al año 2010. Luxemburgo, Holanda, Suecia y Dinamarca en la actualidad alcanzan el compromiso requerido. Sin embargo, las contracciones económicas han producido una reducción en los presupuestos de ayuda. Además, las reducciones de presupuestos nacionales llevan a un aumento en la presión sobre los presupuestos de desarrollo. Dado el desproporcionado impacto negativo de la crisis económica global en los países menos desarrollados -con menores exportaciones, mayor desempleo y menores envíos de fondos e inversiones privadas llevan a un aumento en el hambre y la pobreza- resulta imperativo mantener e incluso incrementar los niveles de ayudas ODA de la UE y sus estados miembros.
Invertir en desarrollo agrícola y rural
El relativo abandono de la agricultura y desarrollo rural en las últimas tres décadas ha llevado a una menor inversión en el sector por parte de los gobiernos nacionales, organizaciones internacionales y países donantes. Esta tendencia negativa comienza a dar la vuelta. En 2003, los gobiernos africanos NEPAD se han comprometido a gastar un mínimo del 10% de sus presupuestos nacionales en agricultura y desarrollo rural, con el objetivo de alcanzar un crecimiento del 6% en el sector en el año 2008. En el año 2008, las Naciones Unidas pidieron un presupuesto anual de 40 mil millones de dólares USA para atacar de forma efectiva la crisis de los precios de alimentos. La UE ha creado un fondo de mil millones de Euros 'Food Facility'. El pasado mes de julio, la reunión del G8 en l'Aquila, Italia, anunció la Iniciativa de Seguridad Alimentaria que pretende movilizar 20 mil millones de dólares USA en un plazo de 3 años. Nos oponemos a esa propuesta de crear un Fondo 'Trust Fund' de múltiples donantes para avanzar en la productividad agrícola bajo los auspicios del Banco Mundial.
La UE y los países miembros deben incrementar su cuota del ODA hasta el 10% para un desarrollo rural y de pequeñas explotaciones agrícolas sostenibles, permitiendo que sean gestionados adecuadamente los programas de donantes nacionales, iniciativas de ayuda de ONGs y de fondos internacionales.
Conversión de presupuestos agrícolas
Mientras los subsidios agrícolas en el Norte deben reducirse, los presupuestos para políticas globales de seguridad alimentaria necesitan nuevos recursos. Deben explorarse los cauces legales en cuanto a cómo hacer que contribuciones para la seguridad alimentaria global sean parte de la política agrícola y cómo transferir fondos de una a otra.
Mejor gestión global alimentaria:
Un acuerdo global en agricultura y seguridad alimentaria (GPAFS)
La idea de un acuerdo global en agricultura y seguridad alimentaria (GPAFS) se ha iniciado y propagado por el G8. El GPAFS debe incorporar la reforma de instituciones alimentarias globales como la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO), con sede en Roma, y el Comité de Seguridad Alimentaria (CFS), y no deberían usarse como una forma de desviar estas reformas o el papel importante de Naciones Unidas. La UE debe asegurar que la FAO al igual que la Convención Internacional de Ayuda Alimentaria (que se convertirá en Convención de Ayuda Alimentaria) sea parte integral de la nueva estructura de gobierno.
Reforma del Comité de Seguridad Alimentaria (CFS)
El reformado CFS debe estar en el centro del nuevo sistema de gobierno de la seguridad alimentaria mundial. Damos la bienvenida a la propuesta 'Draft Four del 10 de septiembre de 2009' en la reforma del CFS. Para nosotros esta propuesta completa el criterio de una plataforma intergubernamental e internacional incluyente de amplia base de compromisarios comprometidos. Debería constituir el pilar político de GPAFS.
Con respecto al sector privado y fundaciones filantrópicas, su tipo de asociación debería apartarse de las organizaciones sociales civiles. No es apropiado establecer un mecanismo de coordinación o de consulta para las CSO y ONGs bajo la nueva estructura de gestión global alimentaria. Deben tener libertad de organizarse como crean conveniente.
Panel de expertos de alto nivel en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE)
El HLPE debe representar el pilar científico del FGAFS. Los miembros del HLPE deben ser independientes de las organizaciones de Naciones Unidas, cuerpos inter-gubernamentales, instituciones creadoras de políticas, y no deberían tener afiliación alguna con el sector privado y las fundaciones filantrópicas. Deben ser aceptadas solamente por sus capacidades individuales. Su papel debe ser el de controlar el cumplimiento de promesas y compromisos, valorar impactos e identificar nuevas situaciones que surjan. El Panel debe fundarse en la única experiencia de IAASTD, los resultados de sus investigaciones y metodología de trabajo.
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