Restringe las libertades y derechos de la sociedad civil en el país andino.
Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui en Perú (con la que trabaja Manos Unidas), afirma que las modificaciones recientemente aprobadas a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) “atentan contra los derechos humanos y la democracia en Perú porque va a dejar en situación de indefensión a muchas personas, víctimas, organizaciones en territorios y en comunidades con las que trabajamos”.
Y añade que “lo que nos preocupa es que cualquier proyecto de cooperación internacional que sea gestionado por una ONG en Perú tiene que ser aprobado antes con APCI, según el criterio que quieran…Esto va a generar muchos problemas”.
Otro aspecto de la Ley que critica Borda es que “las ONG no podrán financiar acciones legales y litigar contra el Estado peruano a nivel nacional e internacional. Esto es gravísimo porque varios de los casos que las ONG defienden son casos de la época de la violencia política en el Perú, de comunidades y de víctimas que no tienen el apoyo del estado ni de nadie…”.
“Esta es una ley que tiene una intención política y los abogados ya han dicho que se trata de una aberración jurídica”, concluye el secretario de la Red Muqui.
A continuación, el comunicado de CIDSE:
CIDSE*, la alianza internacional de organizaciones católicas por la justicia social, expresa su extrema preocupación por la aprobación de medidas legislativas en Perú que ponen en riesgo el acompañamiento de los pueblos y poblaciones más pobres y vulnerables y sus organizaciones, y socavan el acceso a justicia en casos de violaciones a derechos humanos y colectivos. El Congreso peruano recientemente aprobó modificaciones a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con la finalidad de mejorar la transparencia y fiscalización. Sin embargo, estas medidas amplían el control gubernamental e imponen restricciones injustificadas a las organizaciones de sociedad civil, incluyendo organizaciones de la iglesia, que trabajan en áreas esenciales como la promoción de los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida. Incluyen requisitos de aprobación previa de proyectos de cooperación internacional, prohibición para la asesoría y defensa legal, el riesgo de censura y sanciones arbitrarias que podrían usarse para acallar voces críticas, incluso con el cierre de las instituciones.
CIDSE alerta sobre este grave retroceso que limita el espacio cívico e impone un control indebido sobre la sociedad civil, debilitando la democracia y la participación ciudadana, y aumentando el riesgo de impunidad en el Perú. Estas medidas podrían afectar la libertad de expresión y de asociación, el derecho a defender los derechos humanos y a fiscalizar el accionar del Estado, y los derechos colectivos a la consulta previa y a decidir las formas de desarrollo que decidan los pueblos. La ley podría limitar severamente el funcionamiento efectivo de las organizaciones de sociedad civil y su capacidad de apoyar a los sectores más vulnerables del país, limitando aún más el acceso a asesoría y defensa legal, y a proyectos de desarrollo o ayuda humanitaria. Nos sumamos a la preocupación expresada por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo embajadas de países cooperantes y relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes han alertado a la importancia que estas reformas no restrinjan injustificadamente la labor de la sociedad civil y el derecho de operar en un entorno propicio. Las democracias son más justas y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades ciudadanas. CIDSE insta a las autoridades peruanas a reconsiderar estas medidas y respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y colectivos, favoreciendo una revisión más amplia y transparente en diálogo con los actores de la sociedad civil. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional para continuar solidarizándose y respaldando a los pueblos y poblaciones cuyos derechos están en riesgo, la labor de las organizaciones que trabajan por la justicia, el medio ambiente y la dignidad humana en el Perú. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, la transparencia y la democracia en el Perú. Nos solidarizamos con las comunidades más vulnerables y organizaciones afectadas por estas preocupantes decisiones.
Por su parte, el FORO de ONGS españolas en Perú se suma a las críticas a la modificación de la Ley APCI:
“Desde el Foro de ONGD españolas en el Perú, plataforma que agrupa a 25 organizaciones que desarrollan proyectos de cooperación internacional, expresamos nuestra profunda preocupación por la aprobación del dictamen de modificación de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) el día 12 de marzo por el Pleno del Congreso Peruano. Esta propuesta, aprobada sin mayor debate ni consulta con sectores clave para el desarrollo y la democracia en el país, entre los cuales adscribimos la sociedad civil y diversos sectores sociales y empresariales, introduce cambios que afectan de manera grave el trabajo que venimos realizando las ONGs en apoyo a los segmentos más vulnerables y menos atendidos de la población peruana. Nos hacemos eco de las preocupaciones de las organizaciones y movimientos nacionales que representan o acompañan a poblaciones indígenas, mujeres y diversidades, personas defensoras de derechos humanos y ambientales, víctimas de violencia política y represión entre otras, que podrían verse afectadas y revictimizadas por los impactos de esta ley. Como Foro de ONGD españolas, reiteramos nuestro respaldo a iniciativas que conduzcan a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones. Es importante precisar que, las ONGs nacionales e internacionales que operan en Perú en la actualidad ya son fiscalizadas por diferentes entes: las financieras que otorgan los fondos, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera para prevenir lavados de activos, entre otras (…)”.
