Los programas de transferencias condicionadas surgieron en América Latina y el Caribe en el contexto de las reformas neoliberales de los años 90. Su carácter innovador está en proveer soluciones a corto y largo plazo para el problema de la pobreza.
Los programas de transferencias condicionadas se han difundido como instrumento privilegiado de combate a la pobreza y se han consolidado a lo largo de los años en los países de la región. Segun datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 21 países habían implementado un total de 49 programas de transferencias condicionadas de 1990 a 2014.
Los beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas son favorecidos con una transferencia monetaria o en especie que les permite vivir en condiciones más dignas a corto plazo. A su vez, la imposición del cumplimento de condicionalidades en las áreas de salud, educación y servicios sociales proporcionaría la acumulación de capital humano que terminaría a largo plazo, en la mejora económica de las familias beneficiadas y les posibilitaría romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.
Aunque algunos los programas han obtenido buenos resultados en la incrementación de renta en los hogares beneficiados, ayudándoles a superar la línea de la pobreza, en especial en países con mayores recursos económicos como Brasil y México, su efectividad en promover la acumulación de capital humano es cuestionable, poniendo en duda la imposición de las contraprestaciones en el diseño de los programas de transferencia condicionada.
Las condicionalidades tenían por función incrementar la demanda por servicios de salud y educación, y entonces lograr objetivos de desarrollo humano. Sin embargo, la dificultad de los países subdesarrollados no se encuentra en la demanda sino en la expansión y fortalecimiento de la oferta de servicios públicos de calidad.
Por ejemplo, si la población pobre considerara que la inversión en educación generaría beneficios a largo plazo, la haría sin que hubiera la necesidad de incentivos.
No obstante, cuando la calidad de la educación es deficiente, la asistencia a la escuela no se constituye obligatoriamente en mayor cualificación. Lo que hace que aun después del fin del ciclo escolar, la afluencia de oportunidades en el mercado laboral, que supuestamente llevaría a una mayor generación de ingresos y a salir de la pobreza, sigue siendo limitada.
Las transferencias de ingresos se realizan en pequeñas aportaciones, suficientes para garantizar la autonomía del individuo como consumidor y mitigar los efectos más dañinos de la pobreza, sin causar desincentivos al trabajo. Su función es establecer un mínimo social y no eliminar la pobreza en sus múltiples dimensiones. Por otro lado, la exigencia de condicionalidades tampoco son suficientes para promover el desarrollo humano en países donde los servicios públicos de educación y salud son deficientes. Así, sin que haya un sistema de protección social universal y de calidad, los programas de transferencia condicionada no son capaces de fomentar la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.
Nicole Caus
