Durante años, la deuda externa ha sido tratada como una cuestión técnica, reservada a economistas, instituciones financieras y despachos ministeriales. Sin embargo, en los últimos tiempos ha vuelto al centro del debate internacional por una razón muy concreta: está condicionando la vida de millones de personas.
En muchos países del Sur, el peso de la deuda ya no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino en hospitales sin recursos, escuelas sin financiación o familias que no tienen acceso a una alimentación suficiente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué la deuda se ha convertido en una trampa para tantos países empobrecidos? ¿Existen alternativas reales para transformarla en esperanza?
Antes de profundizar en el tema, conviene empezar por una aclaración importante: la deuda externa no es, en sí misma, algo ilegítimo. Estados y actores privados recurren a ella como mecanismo de financiación para impulsar infraestructuras, servicios o crecimiento económico. El problema aparece cuando el volumen y las condiciones de esa deuda superan la capacidad real de pago y obligan a elegir entre cumplir con los acreedores o atender las necesidades básicas de la población.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Según Naciones Unidas, la deuda pública mundial alcanzó en 2024 un récord histórico de 102 billones de dólares. Los países en desarrollo concentran cerca de un tercio de ese total —unos 31 billones—, aunque con grandes diferencias entre regiones: Asia y Oceanía acaparan el 24 % de la deuda pública mundial, seguidas de América Latina y el Caribe (5 %) y África (2 %).
El dato clave no es solo cuánto se debe, sino quién puede pagar y a qué coste. Muchos países del Sur están hoy extremadamente endeudados en relación con su capacidad económica. Desde 2023, informes de la UNCTAD han alertado de un aumento sin precedentes de la deuda externa de los países más pobres: crece al doble de velocidad que en los países ricos desde 2010.
El impacto de esta deuda se mide en decisiones cotidianas que afectan a millones de personas. En 2024, los países en desarrollo pagaron un récord de 921.000 millones de dólares solo en intereses netos de su deuda pública. En total, 61 países destinaron al menos el 10 % de sus ingresos públicos únicamente al pago de intereses, poniendo en riesgo servicios esenciales como la sanidad o la educación.
La comparación es aún más reveladora: más del 40 % de la población mundial vive en países que gastan más en pagar intereses de la deuda que en salud o educación. En África, entre 2021 y 2023, el gasto medio en intereses (70 dólares por persona) superó al dedicado a educación (63 dólares) y a salud (44 dólares).
No es extraño, por tanto, que más de una docena de Gobiernos hayan incumplido pagos recientemente y que los países más pobres enfrenten serias dificultades para sostener su deuda. Algunos analistas hablan ya de una «crisis silenciosa» porque sus efectos no siempre ocupan titulares, pero erosionan de forma constante el desarrollo y la cohesión social.
Las causas son múltiples y están estrechamente interrelacionadas. En primer lugar, pesa un sistema económico global profundamente desigual, que favorece los intereses de los países más poderosos. Muchas economías del Sur dependen de sectores vulnerables —como la agricultura, la extracción de materias primas o el turismo— y de ingresos altamente volátiles. Crisis climáticas, pandemias o fluctuaciones especulativas pueden desbaratar en pocos meses cualquier previsión de ingresos.
A ello se suma el efecto de la subida de los tipos de interés en los países del Norte a partir de 2022. Según la UNCTAD, alrededor del 57 % de la deuda externa pendiente de los países en desarrollo está vinculada a tipos de interés variables, lo que encarece automáticamente su pago. Además, las agencias de calificación penalizan a estos países, obligándolos a financiarse a tipos mucho más elevados que los de las economías avanzadas.
Otro factor decisivo es la creciente presencia de acreedores privados. Según el FMI, la deuda total mundial alcanzó en 2023 los 250 billones de dólares, de los cuales 150 billones estaban en manos privadas. Bancos, fondos de inversión y aseguradoras poseen ya casi la mitad de la deuda pública de los países del Sur y suelen mostrarse poco dispuestos a cooperar en procesos de alivio.
Por último, no se puede eludir la responsabilidad interna de algunos Gobiernos del Sur: corrupción, fuga de capitales, escaso rigor presupuestario o megaproyectos desproporcionados —las llamadas «catedrales en el desierto»—, que han servido más a intereses externos que al desarrollo local.
Ya en la década de 1980, durante otra gran crisis de deuda, el expresidente tanzano Julius Nyerere formuló un dilema que sigue vigente: «¿De verdad debemos dejar que nuestro pueblo pase hambre para poder pagar nuestras deudas?». En 2025, el interrogante continúa interpelando a la comunidad internacional.
A lo largo de los años, se han impulsado diversas iniciativas de alivio —desde el programa para los Países Pobres Altamente Endeudados hasta el Marco Común del G20— que han supuesto avances puntuales. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que no atacan a la raíz del problema.
En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, «el sistema mundial de deuda es injusto y está roto», y el servicio de la deuda actúa como una apisonadora que destruye logros del desarrollo a un ritmo superior a 1,4 billones de dólares al año.
De ahí que cobre fuerza la propuesta de una convención marco de Naciones Unidas sobre la resolución de la deuda, que establezca reglas justas, vinculantes y centradas en los derechos humanos. Una arquitectura financiera que permita renegociar, suspender o condonar deudas sin condenar a los países deudores a décadas de austeridad.
Desde su origen, la Iglesia ha denunciado las deudas injustas e insolutas, y en este Jubileo 2025 ha vuelto a pedir gestos valientes. Manos Unidas se ha sumado a ese llamamiento desde una convicción clara: la deuda solo tiene sentido si sirve al desarrollo humano integral.
En un contexto de recortes de la Ayuda Oficial al Desarrollo y de crecientes desigualdades, la seguimos acompañando con proyectos que fortalecen la autonomía de las comunidades del Sur. Desde microcréditos hasta iniciativas en salud, educación, agua o alimentación, Manos Unidas apuesta por alternativas que cambian vidas de forma tangible.
En este sentido, Naciones Unidas ha recordado en repetidas ocasiones que los Estados son los principales responsables de garantizar los derechos humanos de su población y que no deberían verse obligados a elegir entre pagar la deuda o alimentar a su gente.
Frente a esta realidad, se abre una pregunta clave para nuestro tiempo: ¿puede la deuda transformarse en una herramienta al servicio de la vida y no en una condena permanente?
Convertir la deuda en esperanza implica repensar el sistema financiero global, escuchar a las poblaciones afectadas y situar la dignidad humana en el centro. Solo así la deuda podrá recuperar su sentido original: ser un instrumento para el desarrollo humano, y no un callejón sin salida para millones de personas.
Para ampliar el análisis sobre el impacto actual de la deuda externa, sus causas estructurales y las propuestas que se están planteando a nivel internacional, descarga aquí el documento en el que se basa este artículo.
