Fortalecimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones de zonas mineras del sur de Perú
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En distintas regiones del sur andino de Perú, la expansión de la minería convive con importantes desafíos sociales y ambientales. Muchas comunidades campesinas e indígenas afrontan amenazas sobre sus fuentes de agua, sus territorios y sus actividades tradicionales. La contaminación por metales pesados, los conflictos por el acceso a los recursos naturales y las dificultades para participar en las decisiones que afectan a su futuro agravan situaciones de desigualdad que se arrastran desde hace décadas.
Para contribuir a transformar esta realidad, Manos Unidas y su socio local, Red Muqui, desarrollan un proyecto centrado en los derechos humanos, la participación comunitaria y la búsqueda de alternativas económicas sostenibles. La intervención se focaliza en las regiones de Cusco, Junín, Ayacucho y Puno, donde se acompañará a organizaciones locales y a poblaciones afectadas por conflictos socioambientales. Una actividad específica de apoyo a iniciativas productivas llegará también a otras zonas del país, como Cerro de Pasco, Piura, La Libertad, Áncash y Lima.
Durante 24 meses, el proyecto beneficiará directamente a 1.375 personas: 825 mujeres y 550 hombres. Entre ellas se encuentran representantes de comunidades campesinas e indígenas, personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente, población afectada por la exposición a metales pesados y jóvenes rurales. La propuesta presta una atención especial a las barreras que enfrentan las mujeres para ejercer su liderazgo y participar en espacios de decisión.
Una de las principales líneas de trabajo será la formación de lideresas y líderes comunitarios para mejorar su capacidad de organización, diálogo e incidencia. Se apoyará la elaboración y actualización de agendas territoriales que recojan las prioridades de las comunidades, incorporando las perspectivas de género, interculturalidad y juventud. Estas agendas servirán para trasladar sus demandas y propuestas a las instituciones públicas.
El proyecto también fortalecerá la articulación entre organizaciones locales y plataformas nacionales de vigilancia ambiental, defensa de derechos y personas afectadas por sustancias tóxicas. Se elaborarán estudios sobre los impactos diferenciados de la minería en mujeres y hombres y sobre la situación del agua, el cambio climático y las transiciones productivas. Sus conclusiones respaldarán campañas de información y propuestas de políticas públicas, así como acciones de incidencia en espacios nacionales e internacionales.
Además, se acompañarán experiencias económicas que contribuyan a diversificar los medios de vida y reforzar la autonomía de las comunidades. Entre las iniciativas previstas figuran la siembra y cosecha de agua en Ayacucho, la producción de plantas medicinales en Puno y las prácticas agroecológicas en Cusco. También se impulsarán otras alternativas productivas seleccionadas con organizaciones de diferentes territorios.
Más allá de las actividades concretas, la iniciativa busca que las comunidades cuenten con mayores capacidades para defender sus derechos, participar en las decisiones públicas y construir un futuro digno y sostenible, en el que la protección de la naturaleza y el bienestar de las personas avancen de la mano.
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Objetivos y resultados
Objetivo general: Contribuir al ejercicio efectivo de los derechos individuales y colectivos, especialmente de mujeres y jóvenes, y fortalecer la autonomía de comunidades y pueblos indígenas afectados por conflictos socioambientales vinculados a la minería en el sur de Perú.
Objetivo específico: Fortalecer sus capacidades de liderazgo, organización, incidencia y desarrollo de alternativas económicas sostenibles, con protagonismo de mujeres y jóvenes.
Resultado 1: Comunidades y organizaciones fortalecen sus capacidades de liderazgo, participación e incidencia y posicionan agendas territoriales inclusivas.
Resultado 2: Las agendas locales se articulan en plataformas nacionales e internacionales y respaldan propuestas de políticas públicas sobre derechos, agua y efectos de la minería.
Resultado 3: Comunidades implementan alternativas económicas sostenibles, como la gestión del agua, el cultivo de plantas medicinales y la agroecología, y difunden sus experiencias para incidir en las decisiones públicas.