Una guerra que se alimenta de vulnerabilidad, pobreza y falta de oportunidades.
Mañana se cumple un año desde que el 4 de noviembre de 2020, y al abrigo de la pandemia de coronavirus, estallara la guerra en el Tigray, la agreste región del norte de Etiopía que limita con Eritrea. Un año de un conflicto para el que no parece atisbarse un final cercano y que, según los informes de los pocos organismos internacionales que permanecen aun trabajando sobre el terreno, está llevando a parte de la población del Tigray y de las regiones fronterizas, al límite de la supervivencia.
El bloqueo al que está sometida la región ha provocado un incremento de la desnutrición que empieza a cobrarse vidas entre la población más vulnerable, principalmente de los menores de cinco años. Además, hace ya más de un año que los niños del Tigray no asisten a la escuela porque la infraestructura educativa ha quedado prácticamente inutilizable. Las cosechas se han perdido en la mayor parte de las comunidades rurales y los precios no cesan de subir. Los tigriñas se enfrentan, también, a una gravísima crisis de suministros provocada por el cierre de las fronteras y de los bancos y a una crisis sanitaria de grandes proporciones.
En estas circunstancias, un gran porcentaje de jóvenes se ha unido al ejército del TPLF, en la creencia de que solo con las armas se podrá poner fin al conflicto. Y, como respuesta al avance hacia Adís Abeba del TPLF, el gobierno de Abiy Ahmed ha declarado el estado de emergencia y pedido a los civiles que se unan a la guerra. Una vez más, asistimos a un conflicto que se alimenta de vulnerabilidad, pobreza y falta de oportunidades.
No es fácil explicar lo que está ocurriendo en Etiopía, el segundo país más poblado de África, en el que, durante años, el descontento social y los enfrentamientos étnicos han crecido a la par de su alabada expansión económica. El enconamiento de los grupos armados contendientes –el ejército federal, apoyado en los primeros meses del conflicto por militares de la vecina Eritrea, y el ejército del TPLF (Frente de Liberación Popular del Tigray), a los que últimamente se han unido grupos armados de otras regiones como la Oromía– han llevado a la población civil a padecer actos de crueldad inusitada.
Michelle Bachelet: «El conflicto del Tigray se ha caracterizado por su extrema brutalidad».
Más de un millón y medio de tigriñas han huido a países vecinos o a lugares más seguros. Otros han visto cómo la violencia destruía todo lo que encontraba a su paso y, otros muchos, se han dejado la vida en un conflicto que, además, ha dado al traste con los medios de vida de una población que se enfrenta a la que, según el Banco Mundial, podría ser «la peor crisis de hambre en el mundo en la última década».
«El conflicto de Tigray se ha caracterizado por su extrema brutalidad. La gravedad y la seriedad de las violaciones y los abusos documentados ponen de manifiesto la necesidad de que los autores rindan cuentas en todos los bandos», ha declarado Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en la presentación del informe que da cuenta de las atrocidades cometidas contra la población durante el conflicto: ataques indiscriminados, matanzas y ejecuciones extrajudiciales, tortura, pillaje, saqueos, detenciones arbitrarias, violencia contra las mujeres y niñas...
A pesar del silencio internacional, provocado por el cierre de fronteras y los apagones informativos, todavía podemos impedir que la guerra en este rincón del mundo se convierta en un nuevo conflicto eterno que condicione la vida de millones de inocentes.
En Manos Unidas, que sentimos como propio el dolor del pueblo de Etiopía al que hemos acompañado durante décadas, pedimos el fin definitivo de esta guerra sin sentido.
Estamos a tiempo.
