Denunciamos el poco apoyo del Consejo Europeo con la Ley de Diligencia Debida
El bloqueo supone la inexistencia de una legislación vinculante de la UE sobre responsabilidad corporativa. Esto implica que todos los gobiernos nacionales de la UE no aborden los impactos que generan sus empresas sobre los derechos humanos y medioambientales en los países del Sur.
Con la Plataforma de Empresas Responsables (PER), a la que pertenecemos mediante «Enlázate por la Justicia», junto a CIDSE y otras 140 organizaciones europeas, desde Manos Unidas denunciamos el retroceso que supone para los derechos humanos y el medioambiente la no aprobación final del texto acordado en diciembre para la directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
La Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés) es un marco legal que fuerza a las empresas a rendir cuentas y proteger los derechos humanos y medioambientales en sus actividades productivas.
Además, la Directiva establece normas sobre sanciones y la responsabilidad civil en caso de incumplimiento de dichas obligaciones. Exige a las empresas que adopten un plan que garantice que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
«Un retroceso deplorable para la responsabilidad de las empresas y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo», así lo declara la PER, en la declaración conjunta sobre la CSDDD que, al igual que CIDSE, han difundido estos días.
Una serie de “juegos políticos” que “desafían claramente el apoyo rotundo a la directiva por parte de los gobiernos, la sociedad civil, los sindicatos, las grandes, medianas y pequeñas empresas y los ciudadanos individuales”.
«El bloqueo se puede atribuir en gran medida a los grandes estados miembros: a la temprana abstención anunciada por la influyente Alemania (…) le siguieron otros».
Lee la declaración completa aquí
El tiempo apremia. La proximidad de las elecciones europeas en junio exige actuar con rapidez. Esperamos que los gobiernos de la Unión Europea puedan reorientar la situación y firmar un compromiso conjunto, que permita a nuestras empresas ofrecer bienes y servicios en todo el mundo, con la garantía del respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. La repercusión en uno u otro sentido será grande, especialmente para los países más pobres y vulnerables con los que trabajamos.
