Haití y República Dominicana comparten la Isla de la Española a lo largo de 380 kilómetros de frontera. Una frontera porosa y transitada, pero también una frontera donde residen miles de personas en pobreza extrema y que define una realidad compleja, desigual y sumamente injusta.
La historia de Haití y República Dominicana viene marcada por los continuos conflictos desde que España y Francia se repartieran la isla a finales del siglo XVIII. Algunos de esos conflictos aún perviven en la memoria colectiva de ambos pueblos, como la ocupación haitiana de la República Dominicana (1822-1844) o la conocida «masacre de Perejil» (1937) en la que, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, fueron asesinados miles de haitianos que vivían en la parte dominicana de la frontera.
A pesar de esta historia conflictiva, la catastrófica situación de Haití –agravada por el terremoto de 2010– y la demanda de mano de obra barata (casi esclava) para la agricultura o la construcción en República Dominicana han hecho que el tránsito de haitianos hacia el país vecino no se haya visto nunca interrumpido.
Manos Unidas visitó uno de los pocos campamentos de repatriados que lamentablemente todavía permanece ocupado. (...) alberga a más de 400 familias que abandonaron la República Dominicana expulsadas o intimidadas y que sobreviven en precarios habitáculos de cartón y plástico, sin acceso a salud, educación, agua o alimentos.
En 2013, el Tribunal Constitucional Dominicano, a través de la Sentencia 168/13, abrió una puerta para despojar de la nacionalidad a todos aquellos descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana a partir de 1929 cuyos padres no fueran residentes legales en el momento de su nacimiento. Esta sentencia –que afectaba a miles de personas que de la noche a la mañana pasaron a ser consideradas apátridas– fue parcialmente matizada al año siguiente por la Ley 169/14 que ofrece algunas vías para recuperar la nacionalidad dominicana. Sin embargo, estas vías resultan tan complicadas e inaccesibles para los afectados que muchas organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia ponen en duda su verdadera intención.
La Sentencia 168/13 y la creciente pobreza en ambos países posibilitaron el surgimiento de discursos populistas que tendían a culpar a los inmigrantes haitianos de todos los problemas que afrontaba la República Dominicana. A su vez, estos discursos contribuyeron a generar un clima propicio para las expulsiones masivas, las amenazas y las agresiones. En definitiva, facilitaron la sistemática vulneración de los derechos humanos de los haitianos residentes en la República Dominicana, así como un empeoramiento de la situación económica y social cuyo reflejo más evidente fueron los campamentos de repatriados dominico-haitianos que surgieron, entre 2015 y 2016, a lo largo de la frontera y en los que malvivieron durante algunos meses miles de familias haitianas.
A mediados de 2017, Manos Unidas visitó uno de los pocos campamentos de repatriados que lamentablemente todavía permanece ocupado. Ubicado en la localidad haitiana de Anse-à-Pitres, en el extremo sur de la frontera, alberga a más de 400 familias que abandonaron la República Dominicana expulsadas o intimidadas y que sobreviven en precarios habitáculos de cartón y plástico, sin acceso a salud, educación, agua o alimentos. A raíz de esta visita, pusimos en marcha un proyecto con las Hermanas Carmelitas con el fin de atender las necesidades de salud y alimentación de los habitantes del campamento, especialmente de los menores de 7 años, entre los que se dan índices de desnutrición y morbilidad alarmantes.
Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida en la frontera y fomentar un desarrollo conjunto y solidario entre dominicanos y haitianos; dos pueblos hermanos separados por una frontera de injusticia.
No es la única intervención que Manos Unidas desarrolla en la frontera, considerada zona de actuación prioritaria para nuestro trabajo. Más al norte, en Jimaní, apoyamos un proyecto del Servicio Jesuita para los Refugiados con el objetivo de que los inmigrantes haitianos conozcan sus derechos y puedan defenderlos de manera colectiva. Asimismo, el proyecto pretende concienciar a la sociedad civil y a las autoridades sobre la importancia de atender las demandas de la población haitiana, inmigrante o repatriada.
Al margen de este grupo de población, Manos Unidas apoya, en todos los departamentos fronterizos y con beneficiarios de ambos países, proyectos agrícolas, de dotación de servicios básicos (como agua o suministro eléctrico) o de acceso a salud mediante clínicas móviles. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida en la frontera y fomentar un desarrollo conjunto y solidario entre dominicanos y haitianos; dos pueblos hermanos separados por una frontera de injusticia.
Texto de Lucas Bolado. Departamento de Proyectos de América.
Este artículo fue publicado en la Revista de Manos Unidas nº 206 (junio-septiembre 2018).
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