Sólo en 2023, se registraron 21 mil casos de violencia sexual a menores de edad.
En este escenario, destaca la denuncia interpuesta públicamente que hizo hace unos días la profesora Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis sobre los 524 presuntos casos de violencia sexual de docentes a escolares desde el 2010 hasta la fecha. De acuerdo con su denuncia, estos casos ocurrieron en la provincia de Condorcanqui (séptima provincia más pobre del Perú), en el Departamento de Amazonas.
Ortelia Valladolid, coordinadora de Incidencia y Desarrollo de Cutivalú, socio local de Manos Unidas, critica que «de estos profesores, sólo 111 han sido destituidos, 4 casos han caducado por cese temporal y 72 han sido absueltos. Es decir, no se evidencian sanciones por los crímenes cometidos». Es por ello que han pedido respuestas a los ministerios correspondientes. «Sin embargo, y tristemente, sus respuestas dejen mucho que desear. Tanto el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, coinciden en que se trata de "prácticas culturales"», lamenta Valladolid.
En su denuncia, la coordinadora de Incidencia y Desarrollo de Cutivalú, asegura:
«Lo expresado por la y el ministro muestra la insensibilidad que hacen pensar en estos malos profesores dañando cruelmente a las niñas y niños. No son prácticas culturales de ninguna manera. Las violaciones sexuales son un grave delito y siendo dirigidas a personas menores de edad deberían atenderse de manera oportuna y con la celeridad que corresponde. Todo ello en el marco del principio del interés superior del niño; sin embargo, vemos todo lo contrario».
Ortelia Valladolid argumenta que sobre las "prácticas culturales", la Constitución Política del Perú en su artículo 149 establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario: «Esto, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Se especifica que la ley establecerá las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial».
Y concluye que «de acuerdo con la Constitución, de tratarse de "prácticas culturales", el Estado representado por estos ministerios y muchas otras instituciones están en la imperiosa necesidad de velar por el bienestar de la niñez y todas las personas. Por el contrario, no deben solapar y tratar de justiciar la inoperancia de operadores, fortaleciendo mucho más la corrupción. Piura no es ajena a esta realidad, por eso es necesario exigir el debido proceso de los casos y promover la cultura de denuncia. Las niñas y los niños están aquí y están ahora».
Por su parte, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), a quien Manos Unidas acompaña en el proceso a través del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), junto a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) también se han pronunciado en contra de las declaraciones de los ministros peruanos, desmintiendo que la violencia sexual sea una práctica cultural, exigiendo que se disculpen públicamente y rectifiquen sus declaraciones.
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y otras organizaciones de la sociedad civil pidieron la renuncia del ministro y la atención inmediata de la violencia denunciada por las mujeres awajún.
Manos Unidas apoya a su socio local, Radio Cutivalú, quien junto al Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE) ejecutan el proyecto «Tu vida no tiene precio, denuncia la trata» que se lleva a cabo en las regiones de Piura y Amazonas.
Desde allí, comentan que «se están ejecutando distintas actividades: reporte de casos, denuncias públicas, incorporación del tema en planes de tutoría de las instituciones educativas, incorporación del tema en los comités de seguridad ciudadana, entre otros. También seguimos con fuerza desde la estrategia de comunicación».
El proyecto puesto en marcha por Radio Cutivalú, institución de origen jesuita fundada en 1984, y la ONG, tiene como fin fortalecer las capacidades sociales en las comunidades en las que trabaja y encontrar mecanismos de prevención de la trata de personas. Es un proyecto "intercultural" cuyo público objetivo está compuesto por mujeres lideresas, docentes indígenas y no indígenas de instituciones educativas de secundaria, estudiantes de secundaria, dirigentes de organizaciones sociales de base en esas zonas y corresponsales de radio de tres regiones.
Mediante la sensibilización, la incidencia, la capacitación y la prevención, se busca frenar la vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos los niños de los pueblos originarios, así como el desprecio y la indolencia con la que son tratados por las autoridades públicas.
En el sector «Derechos mujeres y equidad», en los cinco últimos años, Manos Unidas ha aprobado 21 proyectos por un importe de 2.374.857 en Perú.
