En las zonas rurales de Madagascar, cerca del 80 % de la población dedica su vida a explotar pequeñas parcelas heredadas de sus ancestros. Sin embargo, no disponen de la titularidad oficial de estas tierras, lo que expone a las comunidades a ser desposeídas por parte del Estado para entregar el territorio a multinacionales extranjeras. Manos Unidas colabora en un proyecto para que los campesinos conozcan y defiendan su derecho a la tierra.
En las zonas rurales de Madagascar, un país donde la agricultura es un importante motor económico y cerca del 80 % de la población dedica su vida a explotar pequeñas parcelas heredadas de sus ancestros, la pobreza y la falta de formación siguen estando en la base de muchos de los conflictos que se producen. Cerca del 75 % del suelo no tiene titularidad y el Estado se beneficia de esta situación de precariedad, en la que el desconocimiento de los derechos fundamentales consigue arrancar a una gran parte de la población su principal medio de vida.
Los campesinos desconocen sus derechos y el gobierno, a pesar de su supuesto compromiso por invertir esta tendencia, sigue interesado en mantenerlos en la ignorancia. Así, resulta fácil echarles de su tierra para entregársela a multinacionales extranjeras que priman sus beneficios económicos frente a la seguridad alimentaria de los casi 24 millones de personas que habitan la Gran Isla Roja.
En nuestro viaje por carretera, divisamos un paisaje que no varía: kilómetros y kilómetros de terrazas de arroz abrazan el camino. Y es que el arroz es el alimento básico de la población y también una moneda de cambio: con sacos de arroz muchos campesinos pagan la escolaridad de sus hijos, sabedores de que la educación es la única vía para sacarlos de la miseria. Los agricultores trabajan la tierra que les da de comer, ignorantes de que no les pertenece ni les ha pertenecido nunca porque carecen de documento alguno que así lo acredite. Desconocen que no es suficiente con que sus antepasados se asentaran allí hace siglos y un día se despiertan para descubrir que la tierra, lo único que poseen, ya no les pertenece, y que no les queda más remedio que echarse al camino a sabiendas de que no será fácil volver a empezar.
Esta injusticia es la que motivó el nacimiento, en el año 2013, de LAMINA; un proyecto que se puso en marcha en la diócesis de Fianarantsoa, en las tierras de la Alta Matsiatra. El objetivo de LAMINA, que comenzó su andadura de la mano de la Comisión Justicia y Paz, era la puesta en marcha de un mecanismo de lucha contra la flaqueza de la administración pública, la corrupción generalizada y la falta de implicación de los organismos de la sociedad civil. Tras cinco años de trabajo en ocho comunas de la diócesis, los logros son más que alentadores. Los campesinos comienzan a ser conscientes de que tienen derechos y que los asistentes sociales que forman parte del programa han venido hasta ellos para explicárselos y para animarles a reclamarlos, para que no se dejen vencer y luchen por lo que les pertenece.
Desde que Manos Unidas los acompaña, hace dos años, se han otorgado alrededor de 400 títulos de propiedad de la tierra cada año; se ha concienciado a la población por medio de emisiones de radio, foros y jornadas de sensibilización y se han creado estructuras administrativas y dispositivos de apoyo a su servicio. Y, lo más importante, los campesinos ya son conscientes de que es posible convivir en paz, sin conflictos derivados de la falta de acceso a la tierra. Todavía queda mucho camino por andar para que estas personas reclamen las tierras de sus ancestros a las que pertenecen y que les pertenecen porque, durante generaciones, han extraído de ellas los frutos que les dan la vida.
Texto de Sonsoles Fernández-Iriondo, Departamento de Proyectos de África.
Este artículo fue publicado en la Revista de Manos Unidas nº 204 (octubre 2017 - enero 2018).