Este viernes 23 de noviembre ha tenido lugar en Brasil y con una celebración ecuménica, la inauguración de las obras de lo que será el nuevo Piquiá da Conquista, un nuevo asentamiento para la población de Piquiá de Baixo (Açailândia, Maranhão, Brasil), unas 1.100 personas afectadas gravemente por la minería extractivista de hierro de la zona.
Este viernes 23 de noviembre ha tenido lugar en Brasil y con una celebración ecuménica, la inauguración de las obras de lo que será el nuevo Piquiá da Conquista, un nuevo asentamiento para la población de Piquiá de Baixo (Açailândia, Maranhão, Brasil).
Esta nueva localidad acogerá a 320 familias (unas 1.100 personas) que actualmente viven en condición de pobreza y están gravemente afectadas por los cinco altos hornos que les rodean y que fueron creados para la obtención de arrabio mediante la combustión con carbón vegetal del mineral de hierro. Esta población, que existe desde los años 70, se ha visto así afectada por las empresas que se instalaron en esta zona en los años 80.
Desde hace al menos once años, la Asociación de Piquiá de Baixo (ACMP) ha realizado denuncias ante distintas instancias sobre la grave situación generada por los altos índices de polución. Diversos informes técnicos acreditan, por lo menos desde 2007, la inviabilidad de la convivencia de estas personas con las industrias, constatándose altos índices de enfermedades relacionadas con la piel, el aparato respiratorio, los ojos, así como la muerte de menores por contacto con escoria incandescente.
Por todo ello, los habitantes de Piquiá de Baixo comenzaron hace años la solicitud de un reasentamiento en algún lugar donde vivir dignamente. A lo largo de los años la comunidad de Piquiá, con el apoyo de la Red Justiça Nos Trilhos, logró visibilizar su caso ante instancias nacionales e internacionales, lo que ha conllevado la elaboración de un plan de reasentamiento que, tras un largo periodo de lucha apoyado en su última fase por Manos Unidas, ya comienza a ver la luz.
La comunidad de Piquiá de Baixo forma parte de la región de Brasil conocida como Carajás. Es una provincia mineralógica situada en la Amazonía Oriental y que contiene la mayor reserva mundial de mineral de hierro de alta ley.
La prospección de mineral de hierro en la sierra del Carajás comenzó en los años 60 y ganó un gran impulso una década después, cuando la empresa estatal Vale do Rio Doce (VALE S.A) asumió el control total de la exploración en la zona y creó, en 1979, el Programa Grande Carajás con la intención de abastecer el mercado mundial.
Para consolidar ese proyecto fueron realizadas obras de gran impacto como la hidroeléctrica de Tucuruí, el Puerto de São Luis y la vía férrea Carajás, entre otras. La vía férrea fue inaugurada en 1985 y ocupa 892 kilómetros atravesando 27 municipios y uniendo la provincia mineral Carajás con el Puerto de São Luis.
El eje ferroviario rediseñó el paisaje de la Amazonía e impulsó nuevas industrias (por ejemplo, la siderurgia), al margen de provocar un cambio dramático en la vida de la población, especialmente en lo que se refiere a las poblaciones tradicionales y a la agricultura familiar. Pasados 30 años de su instalación, y a pesar de los avances legislativos y de la conciencia colectiva sobre el medioambiente, los problemas ocasionados por el Programa Grande Carajás siguen todavía sin ser dimensionados.
Este modelo de desarrollo ofrece pocos puestos de trabajo, concentra el poder y el dinero en manos de pocas personas, afecta a la salud de las comunidades por los altos índices de polución y contribuye a la contaminación a gran escala del suelo, agua y aire.
Este lunes 26 de noviembre, la Fundación del Premio de Derechos Humanos y Empresas (Human Rights and Business Award Foundation) ha decidido otorgar su Primer Premio a Justiça Nos Trilhos, premio que se entregará hoy 27 de noviembre en Ginebra durante el Foro de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
Tal y como han comunicado los miembros del consejo de la Fundación, Christopher Avery, Regan Ralph y Valeria Scorza: “se trata de un premio en reconocimiento al trabajo sobresaliente de los defensores y las defensoras de derechos humanos que se enfrentan a los impactos de las empresas. Justiça nos Trilhos ha trabajado rigurosa y concienzudamente durante muchos años en ese ámbito y en circunstancias difíciles, siempre en colaboración estrecha con las comunidades locales cuyos derechos fundamentales busca proteger”.
Asimismo, la organización ha destacado que: “las empresas mineras y siderúrgicas del Carajás han contaminado los ríos de los que dependen miles de personas para beber agua y para sus medios de subsistencia, han contaminado el aire causando problemas respiratorios y de la vista, han degradado los suelos con desechos industriales, han desplazado comunidades y han diezmado las culturas y vidas de los pueblos indígenas”. En este sentido, la Fundación que otorga este galardón define a Justiça nos Trilhos como una organización aliada de las comunidades locales, incluyendo a pueblos indígenas, campesinos o afrodescendientes, para combatir las violaciones de derechos humanos y medioambientales cometidas por empresas mineras y siderúrgicas.
El galardón, que será recogido por Danilo Chammas, abogado de la organización brasileña, incluye una donación de 50.000 dólares. Chammas ha destacado que en su organización: “trabajamos para reforzar el principio de los derechos humanos, que es la esencia del principio de democracia. Sin embargo, creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Falta mucho para brindar oportunidades reales de acceso a la justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados por estas empresas”.
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