Finaliza el proyecto para fortalecer la Justicia Indígena en Ecuador.
Después de casi cuatro años (de marzo 2021 a noviembre 2024) hemos llegado al final del proyecto «Fomento de una cultura de Paz y Democracia a través del fortalecimiento de la Justicia Indígena», desarrollado en Ecuador y cofinanciado por la Unión Europea y Manos Unidas.
En este proyecto hemos tenido cuatro socios locales, la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), la Universidad Central de Ecuador (UCE) y el Consejo de la Judicatura (CJ), equivalente este último al Consejo General del Poder Judicial Español.
La convocatoria de este proyecto surgió en un contexto de mucha conflictividad en Ecuador en 2019, cuando los pueblos indígenas y las poblaciones más vulnerables veían cada vez más limitados sus derechos y la posibilidad de tener una vida digna (subida de precios de la canasta básica, fallos en los servicios públicos, etc). Una de las situaciones más graves que se estaba dando fue la criminalización (detención y condenas de prisión) a dirigentes indígenas por la aplicación de la Justicia Indígena. De ahí que el título del proyecto sea el de fomento de una cultura de paz y democracia, sentando en la misma mesa a ambas partes (pueblos indígenas y Estado), con el acompañamiento de la sociedad civil (CESA y Manos Unidas) y la Academia (UCE).
Pongamos un poco de contexto para entender bien las reivindicaciones de los pueblos y nacionalidades de Ecuador:
La Constitución de Ecuador de 2008 reconoce de manera explícita los derechos de los pueblos indígenas, marcando un hito en la historia del país. En este sentido, la Carta magna establece varias disposiciones que buscan garantizar la igualdad, la justicia y el respeto a la diversidad cultural, social y económica de los pueblos indígenas. Entre los puntos más destacados podemos señalar el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado (art. 1); el reconocimiento de los derechos colectivos (art. 57), que incluye el derecho a practicar y promover sus formas propias de justicia y sistemas legales tradicionales dentro de sus comunidades, siempre que no contravengan los derechos humanos y, por último, se establece un sistema de justicia intercultural (art. 171) en el que se reconoce la posibilidad de que los pueblos indígenas gestionen su propio sistema de justicia y resolución de conflictos, basado en sus tradiciones y costumbres, siempre y cuando no contravengan los principios constitucionales y los derechos humanos.
¿Se entiende ahora por qué hemos contado con esos socios para implementar el proyecto? Durante cuatro años hemos sentado en la mesa al movimiento indígena y al Estado para que se escucharan y se entendieran, conociendo mejor los sistemas de Justicia Indígena y sus bondades, entre las que se encuentran, entre otras, la rapidez y eficacia en la resolución de conflictos, la gratuidad para las partes, la búsqueda de una solución colectiva que beneficie a la comunidad y evitar la privación de libertad de ninguna persona.
El proyecto ha conseguido grandes logros, ya que se han formado a más de mil personas de las organizaciones indígenas en Justicia Indígena, Género y Nuevas Masculinidades y Comunicación Comunitaria, con una participación de mujeres de más del 40 %. Se ha elaborado un manual de Justicia Indígena con perspectiva de género. Se han aprobado tres políticas públicas de diálogo intercultural, cooperación y coordinación de sistemas de diálogo entre jurisdicciones ordinaria e indígena, imprimiendo y distribuyendo 3.000 copias de dichas políticas para que lleguen a todos los operadores de justicia ordinaria del país. Se han hecho cuatro cursos de litigio estratégico en varias regiones del país, con la participación de 200 personas y el proyecto ha cerrado con el II Congreso Internacional «Más allá del Pluralismo Jurídico», con la colaboración de siete universidades y más de 800 participantes entre estudiantes, académicos, profesionales y autoridades de pueblos y nacionalidades indígenas.
El proyecto nació intentando reducir la tensión social y resolver los casos de criminalización de dirigentes indígenas de la provincia de Cotopaxi. Desgraciadamente, hemos podido resolver pocos casos y el contexto actual de Ecuador no es fácil, pero tejiendo puentes hemos generado un movimiento que va a transformar todo el país. La semilla que sembramos está dando sus frutos con las primeras aplicaciones de las políticas de cooperación y coordinación entre la justicia ordinaria e indígena, permitiendo a los jueces la declinación de competencias hacia la Justicia Indígena. La Universidad Indoamericana ya se ha comprometido a realizar la tercera edición del congreso sobre pluralismo jurídico y tenemos un 20 % más de mujeres en puestos directivos en las comunidades.
