María Belén Ayala, técnico de gestión de proyectos en la corporación Sol Justicia, socio local de Manos Unidas, nos visitó en Madrid el pasado mes de febrero para contarnos en primera persona la situación del proyecto que se está llevando a cabo en Ecuador, con el objetivo de fortalecer la promoción, la protección y el respeto al derecho a una vida digna libre de violencia contra la mujer.
Ecuador se trata del principal país receptor de movilidad humana en América Latina y sus principales flujos migratorios provienen de Colombia, como consecuencia del conflicto armado, y Venezuela, a raíz de la crisis humanitaria que vive el país en la actualidad.
Estos flujos han llegado a alcanzar la cifra de 3.500 personas que cruzan la frontera diariamente en busca de una oportunidad, no sin riesgos, sobre todo, para las mujeres y los niños. En ciudades como Lago Agrio, Esmeraldas o Manta se ve agravada la situación de vulnerabilidad de la mujer como consecuencia de una combinación de factores que tienen como denominador común la propia condición de ser mujer.
La sociedad normalmente se alarma sólo cuando salta a la vista la punta del iceberg, es decir, cuando se producen ejercicios de violencia físicos y explícitos, pero todo lo que se encuentra bajo la punta de ese iceberg son realmente las causas y raíces desde las que debemos comenzar a atacar para que no se llegue a esa escalada final de violencia contra la mujer.
De ahí, la importancia de trabajar en los temas de prevención y sensibilización para que entiendan que la violencia contra la mujer comienza desde el lenguaje sexista, el humor machista, la publicidad que presenta a la mujer como un objeto más a ser vendido, la culpabilización, la humillación… Todas ellas, formas de violencia que se van naturalizando hasta que llegar a un extremo como el de la violación, el asesinato y demás expresiones violentas.
“Violencia de género: ejercicio de poder de hombres sobre mujeres que se sustenta en esta cultura de discriminación causando daño, dolor y sufrimiento, y que afecta al derecho al acceso de los derechos fundamentales de las mujeres.”
En estas zonas fronterizas, a nivel psicológico las mujeres enfrentan continuamente amenazas relativas a la deportación, también son amenazadas con quitarles a los hijos, especialmente cuando el padre es ecuatoriano.
A nivel sexual, hay muchos casos de violaciones de niñas y adolescentes que se reportan desde las casas de acogida, y es muy frecuente que las mujeres colombianas y venezolanas sufran acoso sexual desde los mismos funcionarios públicos y la policía. Es una problemática aún más exacerbada porque quienes deberían protegerlas resulta que también las violentan.
“Se le exige sexo a cambio de servicios”
Dentro del contexto de las dos zonas fronterizas de Manta y Lago Agrio se ha producido la activación de las redes de trata porque las mujeres llegan en completo estado de vulnerabilidad.
Las organizaciones sociales y la sociedad civil hablan de ello e intentan tomar medidas, pero a nivel de Estado no se hace nada con esta especie de secreto a voces, a pesar de tener una legislación y cierta política pública que ampara a las víctimas de trata. En la práctica hay silencio y miedo.
A modo de ejemplo, hubo un caso hace 3 años en Sucumbíos, donde una fiscal se metió un poco en ciertos casos de trata y a los tres meses fue asesinada. Esto fue un precedente: el que se mete, paga las consecuencias.
La pobreza, la pertenencia a una etnia minoritaria, no tener un estatus regular migratorio, o ser discriminada por pertenecer a otra nacionalidad son factores que sumergen a la mujer en una situación de mayor vulnerabilidad.
Además, las últimas encuestas realizadas nos muestran que las mujeres indígenas y afrodescendientes sufren más violencia de género en Ecuador, y las mujeres migrantes tienen especiales dificultades para acceder a la justicia por su estatus migratorio irregular.
Antes, las mujeres que sufrían algún tipo de violencia de género podían hacer la denuncia y tener protección sin necesidad de continuar con todo el proceso judicial, pero ahora el código penal pretende que todo proceso de denuncia de violencia de género termine con una sentencia, y por ello, muchas mujeres ahora se abstienen de denunciar…
Las mujeres que dependen de sus parejas están atadas a un círculo de violencia que torna la toma de decisiones más difíciles.
Nosotros trabajamos tanto con la mujer víctima de violencia ofreciéndole una atención directa, como con la familia y la comunidad en temas de prevención, y con el Estado como el titular responsable que debe atender la problemática.
Queremos fortalecer la promoción, la protección y el respeto al derecho a una vida digna libre de violencia hacia mujeres que experimentan múltiples condiciones de vulnerabilidad.
Hemos calculado llegar aproximadamente a 2.640 beneficiarios directos y a unos 8000 beneficiarios indirectos durante los 24 meses que tiene de duración la iniciativa, y de los cuales ya hemos consumido un año. A partir del aumento de la demanda de nuestros servicios sabemos que el trabajo que estamos haciendo es pertinente.
