Ante la violencia sexual: atender a las víctimas y prevenir en las escuelas.
«¡Basta ya! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Fuera las manos de nuestras chicas!» ¿Qué tuvo que ocurrir en Sierra Leona para que este grito corriera de norte a sur, independientemente de la etnia, de la religión o del partido político?
Lo que sucedió fue la violación, en 2018, de una niña de cinco años. Inmediatamente, el Gobierno declaró la violencia sexual como una emergencia nacional.
La Provincia Oeste –en la que se encuentra Freetown, la capital del país– encabezaba en 2017 los informes sobre violencia de género con 1.491 violaciones, en las que más de la mitad de las víctimas tenía entre 11 y 15 años, 259 eran menores de 10 años y 128 acabaron en embarazo; unas alarmantes cifras que, para Agatha Ada Levi, de la ONG Rainbo Initiative, se explican por la alta densidad de población, el bajo nivel educativo y el sistema patriarcal imperante en los hogares de esta región.
Esto ocurre en un país que cuenta con leyes contra la violencia doméstica y sexual, que dispone de una Unidad Familiar de la Policía dedicada a los casos de violencia sexual, y que cuenta con un Protocolo Nacional sobre Violencia de Género que contempla la atención sanitaria a las víctimas, así como el apoyo para el transporte a las comisarías y a los juzgados. Aun así, la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona acusa a la Judicatura de las ineficiencias y de la corrupción del sistema, lo que provoca que muchos casos se resuelvan fuera del juzgado –con acuerdos entre el perpetrador y la familia de la víctima– o no lleguen a ser juzgados por falta de medios económicos de la víctima para denunciar.
Ante esta realidad, Manos Unidas apoya a Caritas Freetown para combatir la violencia sexual y de género, los matrimonios tempranos y los embarazos entre adolescentes. El proyecto atiende a chicas de en torno a 16 años –algunas de ellas con sus bebés– que son víctimas de abuso sexual y que viven en casas de acogida.
Las jóvenes reciben asistencia sanitaria en Rainbo Initiative, único centro certificado para realizar exámenes médicos a víctimas de violación; asistencia legal a través de LAWYERS, un grupo de abogadas que defienden a mujeres y niñas; así como acompañamiento, alimentos y ayudas para el transporte.
Muchas autoridades locales son favorables al proyecto, pero algunas son escépticas, ya que piensan que va en contra de las prácticas culturales. De ahí la importancia de la sensibilización comunitaria que también lleva a cabo el proyecto para romper con la «cultura del silencio» por la cual se ocultan los casos de violencia sexual y es el jefe tradicional quien juzga y decide lo que debe hacerse.
Un tercer pilar de la iniciativa son las 40 escuelas de secundaria donde profesores y alumnos crean Clubs Antiviolencia y se convierten en «embajadores del cambio» a través de talleres de formación en los que aprenden herramientas para acceder a la justicia y prevenir la violencia sexual y de género, los matrimonios precoces y los embarazos adolescentes.
¿Cómo acompañar y proteger a nuestras chicas? ¿Cómo hacerlo en todo momento, pero más ahora, cuando sabemos que durante las crisis y emergencias son las mujeres y las niñas quienes más sufren? No tenemos una respuesta única, pero apoyamos a estos jóvenes «embajadores» que tienen en sus manos el futuro del país.
«Soy profesora, pero también madre, así que me toca muy de cerca este problema», afirma Alimata Massaquioi, una de las participantes en el proyecto.
«He visto cuántas chicas se quedaron embarazadas después del Ébola. Y no queremos ver otras tantas chicas embarazadas después del “corona”».
Texto de Marta Marí Saez. Departamento de Proyectos de África.
Este artículo fue publicado en la Revista de Manos Unidas nº 214 (febrero-mayo 2021).