El proyecto articula estrategias intersectoriales, que implican a actores y actrices titulares de derechos, de obligaciones y de responsabilidades para la prevención de la violencia de género y la discriminación de las mujeres del Municipio de Sucre. La lógica de intervención propone 3 ejes claves:
1. Atención multidisciplinar directa a 600 mujeres y 400 niñas víctimas de violencia: Se lleva a cabo a través del servicio de Defensoría de la Mujer, que es uno de los primeros programas que ejecuta el Centro Juana Azurduy en favor de los derechos de las mujeres. Este servicio ha desarrollado un modelo de atención integral a víctimas de violencia denominado GAVVI, que contempla la resolución psicológica, jurídica y social de sus conflictos. El proceso se inicia con una evaluación para conocer el estado de la mujer que ingresa. En base a ello, se desarrollan las acciones pertinentes en los tres campos de trabajo: patrocinio judicial para reivindicar su derecho vulnerado; terapia psicológica individual, familiar o grupal para superar su condición de mujer maltratada y la de sus descendientes; y la atención social para contextualizar la realidad de cada una y facilitar su recuperación. Además, está prevista la creación de un grupo de mujeres activistas que ya hayan superado su condición de víctimas y desarrollen actividades de incidencia, movilización pública y solidaridad con otras mujeres. Paralelamente al trabajo de atención con mujeres, el proyecto incluye talleres psicoeducativos individuales y colectivos con 45 hombres agresores sobre nuevas masculinidades. Son talleres en los que se reflexiona sobre la problemática y se trabajan habilidades para el manejo de la ira, promoviendo su avance en relaciones de equidad con sus parejas.
2. El segundo eje de trabajo surge de la consideración de la violencia de género como un problema público, en el que los Estados deben desarrollar acciones eficientes para su erradicación. Considerando que las estructuras institucionales estatales presentan significativas limitaciones en la aplicación de esta política pública, el proyecto pretende incidir directamente en la normativa nacional, promoviendo la promulgación de Leyes (Departamental y Municipal), con sus respectivas reglamentaciones y planes de acción que efectivicen la política y promuevan la asignación de recursos suficientes para su implementación. Para el logro de este propósito, se activa la capacidad de articulación y acción de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil como titulares de responsabilidades, que tienen como misión la defensa de los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres. En base a una estrategia de incidencia política consensuada entre los diferentes actores, se desarrollarán diferentes acciones (construcción de propuestas, validación, difusión, cabildeo, movilización, presión, entre otras) para lograr que las instancias gubernamentales como titulares de Obligaciones avancen en la implementación de una política gubernamental de lucha contra la violencia hacia la mujer.
En este segundo eje se prevé, además, incidir en el avance de la política pública a través de la transferencia del modelo GAVVI a los Servicios Legales Integrales Municipales de atención a víctimas (SLIM). El objetivo es que estas instancias, que presentan una atención jurídica limitada como consecuencia del sistema patriarcal sobre el que se sustentan, mejoren la calidad de sus servicios y cumplan los estándares de la debida diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia (Ver Anexo 2.1f y 2.14)
3. La sensibilización feminista e incidencia cultural constituye el tercer eje de acción del proyecto y prioriza a la población joven, de manera que pueda trabajarse el cambio generacional y se denuncie la violencia y discriminación de las mujeres. Para ello, se capacitará a 80 jóvenes de organizaciones juveniles para que desarrollen, a través de la metodología Investigación-Acción-Propuesta (IAP), dos investigaciones sobre las relaciones patriarcales expresadas en la violencia contra la mujer. Los resultados de las investigaciones realizadas serán socializados y servirán de base para convocar a otros colectivos y organizaciones juveniles en acciones e intervenciones urbanas en pro de los derechos de las mujeres.
Se prevé la realización de al menos 5 iniciativas feministas lideradas por jóvenes y para jóvenes en el municipio.
Paralelamente, se impulsará la creación de plataformas virtuales informáticas para generar diálogo y debate sobre la igualdad de género y la no violencia machista. Así, el resultado de las investigaciones y las intervenciones urbanas, serán el contenido que permitirá el debate virtual entre miles de jóvenes. Esta acción, pretende adaptar las estrategias tradicionales del desarrollo de capacidades a través de acciones directas con poblaciones pequeñas, hacia las nuevas tecnologías, innovando las formas de participación social.
Interviene como socio local el Centro Juana Azurduy.
Con este proyecto se ha logrado mejorar el acceso a sus derechos de mujeres víctimas de Violencia Basada en Género (VBG), mediante actividades enmarcadas en el fortalecimiento de su ejercicio de ciudadanía, a partir de su empoderamiento y de una formación e incidencia directa con las autoridades y las entidades públicas, para hacerlas conscientes de su responsabilidad en este tipo de violencia, en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas en el país y de aumento del flujo migratorio que ha superado la capacidad de respuesta local. Las mujeres que han sido atendidas, han logado acceder a uno o más derechos previamente vulnerados, y han profundizado en la importancia de los mismos y en la preparación necesaria para participar en espacios de consulta y decisión política sobre la VBG. Esto lo consiguen en gran parte, gracias a su fortalecimiento con iniciativas de emprendimiento de mujeres, que incluye procesos de capacitación, planes de negocio y otros aportes, y que permite que adquieran independencia económica.
El proyecto está dirigido a 1.460 beneficiarios directos, de los cuales 970 serán mujeres. Los benficiarios indirectos se estiman en 150.000 personas de las cuales el 80% serán mujeres. Tiene un coste total de 581.450 euros. El Ayuntamiento de Madrid contribuye a su financiación con 350.000 euros.
