Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.
Manos Unidas lidera un consorcio interinstitucional público-privado que promueve el acercamiento de las dos justicias vigentes en el Ecuador.
La Constitución ecuatoriana de 2008 declara en su artículo primero que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Asimismo, reconoce y garantiza 21 derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
Sin embargo, los fuertes enfrentamientos ocurridos en el país en octubre de 2019, sobre todo entre el Estado y las organizaciones indígenas, y los posteriores juicios a indígenas, hicieron patente de nuevo las dificultades de entendimiento entre los distintos tipos de justicia existentes en el país, cuyo choque dificulta la consolidación de la democracia.
Una de las grandes causas de la conflictividad y discordia que hay entre el Estado y el movimiento indígena es la falta de claridad respecto a los alcances de las jurisdicciones de la justicia ordinaria y la justicia indígena.
Más específicamente, el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU-noviembre 2018) identifica prejuicios de la justicia ordinaria, que parecen confundir la justicia indígena con casos de justicia por mano propia y linchamientos. El informe expresa la prepocupación por:
(...) la falta de avances en la aplicación de las observaciones realizadas por el anterior Relator Especial (2007) y por el retroceso sufrido en el adecuado reconocimiento del pluralismo jurídico en la pasada década (2006-2016). Se insta reiteradamente a las autoridades a que adopten medidas para mejorar la protección de los pueblos indígenas, pero no lo han hecho.
Por lo tanto, se observa la urgente necesidad de regular la relación entre la justicia ordinaria y los sistemas legales indígenas: los límites de una y otra, su competencia y jurisdicción son ámbitos que deben ser abordados y solucionados.
Consorcio interinstitucional en busca de consensosEl proyecto promueve el diálogo y la construcción de consensos esenciales a nivel nacional, que permitan reducir estos niveles de confrontación, a partir de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural de acuerdo a la Constitución, aspecto todavía no suficientemente conocido, tanto por las instituciones públicas del sector judicial como por las propias organizaciones indígenas.
Para ello, Manos Unidas trabaja con un consorcio compuesto por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), el Consejo de la Judicatura, la Universidad Central del Ecuador y la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA).
Este acercamiento y diálogo nacional permitirá disminuir la criminalización de los operadores de justicia indígena, y logrará que la justicia ordinaria y la Administración del Estado respeten las resoluciones y sentencias de la justicia indígena.
El proyecto propuesto va a dar una respuesta clara a la principal dificultad interna que tiene el movimiento indígena y su estructura organizativa: sus propias capacidades para realizar una administración responsable, transparente y coherente de la justicia indígena.
Esta propuesta establecerá estándares específicos desde los gobiernos comunitarios para que las mujeres indígenas puedan acceder con equidad a la justicia indígena y a la administración de la misma, superando con ello la histórica discriminación múltiple de la que hasta ahora son víctimas.
- 10/12/21: "La justicia ordinaria y la justicia indígena establecen objetivos en común" [Teleamazonas Ecuador].
- 22/06/21: Comienza en Ecuador un proyecto para fortalecer la justicia indígena.
Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.
