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Colombia, la guerra que no terminó
A décadas de conflicto, desplazamientos y pobreza se suma ahora el impacto del terremoto, que agrava la situación de las comunidades más vulnerables.
Hubo un momento en que Colombia creyó que la violencia había quedado atrás. Tras más de 50 años de conflicto, el Gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz que despertó expectativas de reconciliación y reconstrucción. Con él no sólo cesaba el fuego, sino que se abría la puerta a programas y medidas destinadas a garantizar la reincorporación social de los excombatientes, impulsar cultivos legales y reducir el consumo de drogas.
Un pacto que mostraba a Colombia como un país que cerraba una de las páginas más oscuras de su historia reciente. Pero que, tristemente, no se ha materializado en mejoras reales. Y ahora, en verano de 2026, una nueva emergencia ha vuelto a poner a miles de personas al límite.
El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el noroeste de Colombia, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El seísmo, uno de los más fuertes registrados en el país en la última década, se sintió en 16 departamentos y provocó graves daños en amplias zonas del centro y el occidente del país.
Las autoridades y organismos humanitarios estiman que cerca de 300.000 personas han resultado afectadas, mientras los balances contabilizan cientos de fallecidos y miles de personas heridas y desaparecidas. Más de 29.000 viviendas han quedado destruidas y otras 134.000 han sufrido daños. También han resultado afectados centros educativos, instalaciones sanitarias, sistemas de agua y otras infraestructuras esenciales.
Este terremoto viene a golpear nuevamente a una población que sufría desplazamientos forzados, pobreza, abandono institucional y décadas de conflicto armado. Comunidades que arrastraban las consecuencias de un conflicto olvidado y que, ahora, están más desamparadas que nunca.
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Dos crisis que se encuentran en el mismo territorio
El terremoto de agosto nos ha hecho replantearnos por qué hemos dejamos de mirar hacia Colombia. La ONU señala que, antes del seísmo, 6,9 millones de personas ya necesitaban asistencia humanitaria en el país por causas como el acceso limitado a servicios básicos, la falta de medios de vida, la infraestructura deficiente y el conflicto armado. El terremoto ha sumado nuevas necesidades de alojamiento, alimentación, agua, saneamiento, salud, educación y protección.
Esto se suma a que más de 10 millones de personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado colombiano, según el Registro Único de Víctimas (RUV). Una cifra que engloba a quienes han sufrido desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, amenazas y otras múltiples formas de violencia.
Colombia afronta, además, una de las mayores crisis de desplazamiento interno del mundo. ACNUR estimaba que 8,7 millones han sido forzadas a abandonar sus hogares. Familias y comunidades completas que han tenido que huir para protegerse de las disputas territoriales y los enfrentamientos armados. Tras el terremoto, las previsiones de cuánto puede aumentar esta cifra es incalculable.
Una de las principales causas de la violencia que padece Colombia sigue siendo el narcotráfico. Según el Ministerio de Justicia de Colombia, en 2023 se alcanzaron las 253.000 hectáreas destinadas al cultivo de coca, una de las cifras más altas registradas. Esto supuso un aumento del 53% de la producción potencial de cocaína respecto al año anterior, según el informe de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El origen de un conflicto que va mucho más allá del narcotráfico
Aunque el narcotráfico ha sido uno de los principales motores de la violencia en Colombia, sus raíces son mucho más profundas y hay que remontarse varias décadas atrás para entenderla.
Desde mediados del siglo XX, Colombia ha estado marcada por la desigualdad en el acceso a la tierra, la pobreza rural, la exclusión política y la escasa presencia del Estado en amplias zonas del país. Esto provocó que la tensión social se fuera incrementando.
En 1964, las reivindicaciones campesinas dieron pie al surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que, con el paso de los años, se convertiría en el principal actor del conflicto armado. Otros grupos insurgentes (como el Ejército de Liberación Nacional) y organizaciones paramilitares se sumaron a la escalada de violencia, combatiendo a la guerrilla y ejerciendo un control violento sobre numerosos territorios.
Durante décadas, la población civil quedó atrapada entre todos estos grupos, padeciendo los ya mencionados secuestros, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos. Las zonas rurales fueron las más afectadas.
La situación se radicalizó a partir de los 80, con el auge del narcotráfico. La producción de cocaína generó que surgieran organizaciones criminales, como el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el Cartel de Cali, que llegaron a controlar buena parte del tráfico internacional durante esta década. Gracias al poder económico que adquirieron, lograron infiltrarse en instituciones públicas, corrompiendo a las autoridades y aumentando la violencia.
Pero el narcotráfico no solo fortaleció a los grandes cárteles. También se convirtió en una de las principales fuentes de financiación del conflicto armado. Guerrillas, grupos paramilitares y otras organizaciones ilegales comenzaron a obtener importantes ingresos mediante el cobro de impuestos a los cultivadores y traficantes; otros controlaban directamente cultivos, laboratorios, rutas de transporte o redes de exportación. Esto provocó que el narcotráfico se convirtiera en un mecanismo de financiación de la guerra.
El desarme de las FARC de 2016 redujo significativamente los enfrentamientos entre guerrilla y Estado. Sin embargo, en muchas regiones la ausencia de una presencia efectiva del Estado permitió que otros actores armados ocuparan rápidamente los territorios abandonados por las FARC. Disidencias de la propia guerrilla, el ELN y grupos criminales vinculados al narcotráfico comenzaron a disputar el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
El resultado ha sido una violencia distinta, menos visible para la comunidad internacional, pero igualmente devastadora para quienes viven en los territorios afectados.
Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, 450.664 personas fueron asesinadas como consecuencia del conflicto armado entre 1985 y 2018. Sin embargo, debido al subregistro, la cifra real podría acercarse a 800.000 personas asesinadas.
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Manos Unidas: acompañar a quienes construyen paz
Construir la paz significa mucho más que poner fin a un conflicto armado. Significa garantizar derechos, proteger los territorios, recuperar los medios de vida y fortalecer a las comunidades para que puedan seguir adelante y construir su propio futuro.
Por ello, en Manos Unidas trabajamos en Colombia desde 1971 junto a organizaciones locales que acompañan a las comunidades más vulnerables. Actualmente, apoyamos 12 proyectos que benefician a cerca de 4.500 personas, especialmente mujeres, población indígena y campesina.
En territorios como el resguardo indígena de Caño Mochuelo, en Casanare, acompañamos a las comunidades Tshiripus, Yaruro y Amorúa en la defensa de su territorio, su cultura y sus derechos. A través de huertas familiares, viveros comunitarios y sistemas agroecológicos, contribuimos a fortalecer su soberanía alimentaria y su autonomía, al tiempo que favorecemos el arraigo y la permanencia de estas comunidades en sus territorios. También apoyamos procesos de organización comunitaria, participación y formación en derechos, herramientas fundamentales para que puedan hacer frente a las amenazas que pesan sobre sus tierras y su supervivencia.
En otras zonas, como San Vicente de Chucurí, en Santander, trabajamos junto a familias campesinas que han sufrido el desplazamiento y la violencia. El impulso de huertas y cultivos diversificados les permite mejorar su alimentación, generar ingresos y recuperar su autonomía económica. Al mismo tiempo, fortalecemos los espacios de organización y cooperación para reconstruir la confianza y el tejido comunitario que el conflicto armado había debilitado. Permanecer en el territorio y poder vivir dignamente en él es también una forma de construir paz.
Ahora, el terremoto añade una nueva dificultad a comunidades que ya vivían en situación de vulnerabilidad. Junto a nuestros socios locales, estamos evaluando las necesidades sobre el terreno y preparando una respuesta que permita acompañar en los procesos de recuperación y reconstrucción. Queremos apoyar la recuperación de viviendas y medios de vida y seguir fortaleciendo las redes comunitarias que permiten a las personas afrontar las dificultades y recuperar su autonomía.
En Colombia, seguimos acompañando a quienes, pese a todo, continúan construyendo paz.
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