Manos Unidas, Movimiento Salvadoreño de Mujeres y Gobierno de Canarias se unen para alcanzar la igualdad.

La Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres trabaja en la defensa de los derechos humanos de mujeres, jóvenes, niñas y niños; la igualdad de género y la prevención de la violencia de género; el medioambiente y la gestión del riesgo de desastres; la inclusión; y el fortalecimiento organizacional e institucional. 

Es socia local de Manos Unidas desde 2001.  Son ya 20 los proyectos desarrollados en colaboración para mejorar las condiciones de las mujeres y jóvenes más vulnerables de El Salvador, en líneas como la prevención de la violencia de género, la autonomía y el desarrollo económico, el fortalecimiento organizativo y el apoyo psicosocial. 

En esta ocasión, gracias a la Viceconsejería de Asuntos Exteriores (de la Presidencia del Gobierno) del Gobierno de Canarias, se va a dar continuidad a un proyecto iniciado anteriormente para dar seguimiento a las estructuras establecidas y a la población beneficiaria incorporando mejoras derivadas de los aprendizajes del primer año, como la Escuela Agroecológica y los mapas comunitarios de riesgo.

Los cuatro distritos de Nahuizalco (Sonsonate Norte), San Julián, Santa Isabel Ishuatán y Cuisnahuat (Sonsonate Este) en los que se centra esta actividad constituyen una zona rural con gran presencia de población indígena náhuat-pipil.  Los niveles de pobreza, analfabetismo y marginación son elevados, mientras que el acceso a los servicios de salud, saneamiento y educación sufren grandes limitaciones.  La economía se basa en agricultura de subsistencia, artesanía y comercio informal.  La zona está expuesta a riesgos climáticos (sequías, inundaciones, deslizamientos). 

Las mujeres sufren una triple discriminación (género, étnica y aporofobia).  Y las condiciones de hábitat (hacinamiento, viviendas precarias, falta de letrinas) incrementan el riesgo de violencia de género.  Además, la división sexual del trabajo, que les asigna las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas reduce su tiempo para formarse y participar económicamente del sostenimiento de las familias.  Por su parte, las organizaciones municipales no son capaces de coordinarse y promover cambios efectivos que garanticen a mujeres y jóvenes el ejercicio de sus derechos.

Este proyecto se orienta a la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de mujeres y jóvenes (políticos, ambientales, sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libe de violencia) priorizando la capacitación, el empoderamiento y la exigibilidad, de modo que las propias titulares de derechos interpelen a las instituciones para el cumplimiento de sus obligaciones.  Frente a las profundas brechas de desigualdad, impulsa un proceso de empoderamiento basado en el "poder vital" feminista:  del "poder desde" (autoestima y conciencia de derechos), al "poder con" (organización colectiva), hasta el "poder para" (incidencia y transformación).  

En su metodología, esta acción combina formación, fortalecimiento de comités y asociaciones, liderazgos juveniles críticos y una estrategia comunitaria integral de prevención de la violencia (redes comunitarias, mapas de riesgo y Ventanas Ciudadanas).  Además, atiende a problemas de justicia ambiental mediante los comités ambientales, las jornadas de limpieza y reforestación, la conservación de suelos y las letrinas aboneras, que reducen la contaminación de mantos acuíferos. Todo ello, manteniendo el respeto a la diversidad cultural y el rescate de saberes ancestrales indígenas.  La mejora de las condiciones de vida, la autonomía económica y el arraigo comunitario contribuyen a prevenir algunas de las causas estructurales que motivan la migración. 

Una vez concluido el proyecto (de un año de duración), las propias asociaciones de mujeres, las redes juveniles, las Ventanas Ciudadanas, las redes de prevención y los comités ambientales tomarán las riendas para continuar en la línea de las acciones ejecutadas, con el acompañamiento de MSM.