Fortalecimiento de la educación integral y el cuidado de la Amazonía

En el norte amazónico de Bolivia, donde la selva parece no tener fin y los ríos marcan el ritmo de la vida, muchas comunidades indígenas y campesinas siguen dependiendo directamente de la naturaleza para sobrevivir. Es un territorio inmenso, de una riqueza natural impresionante, donde el bosque no es solo paisaje, sino alimento, trabajo, identidad y futuro. Sin embargo, esa misma riqueza está hoy en una situación delicada.

En esta región, que abarca millones de hectáreas de bosque continuo, la vida se organiza en pequeñas comunidades de entre 30 y 40 familias. Son comunidades donde la tierra se gestiona de forma colectiva, donde las decisiones se toman en asamblea y donde la organización comunal sigue siendo una base importante para la convivencia. Hombres y mujeres participan en estos espacios, aunque en la práctica la voz de las mujeres todavía tiene menos peso.

Las familias suelen estar formadas por cinco o seis personas. Viven de la agricultura de subsistencia, cultivando pequeñas parcelas de alrededor de una hectárea, y complementan sus ingresos con la recolección de frutos del bosque, como la castaña, que es una de las principales fuentes económicas de la zona. Poco a poco, algunas comunidades están empezando a explorar otras formas de aprovechar los recursos naturales, pero todavía están en fases muy iniciales.

Los desafíos ambientales en la Amazonía boliviana

Aunque el entorno natural es abundante, la vida no es fácil. El coste de vida en la Amazonía es alto, especialmente en lo que se refiere a alimentos y transporte. A esto se suma una economía muy inestable, marcada por temporadas de abundancia y de escasez. Durante la época de cosecha o de recolección, puede haber ingresos, pero muchas veces no se logra ahorrar para los meses más difíciles.

En los últimos años, además, han aumentado las presiones sobre el territorio. La expansión de actividades extractivas, la deforestación, las quemas y la explotación de recursos como la madera o el oro están cambiando el equilibrio del entorno. Aunque existen leyes que promueven la protección del medio ambiente, en la práctica no siempre se aplican, y a veces incluso se fomentan actividades que van en contra de esa conservación.

Esta situación genera tensiones entre distintos actores que tienen visiones diferentes sobre el desarrollo de la región. Para algunos, el bosque es un recurso que se puede explotar para generar ingresos rápidos. Para otros, es un espacio que hay que cuidar para garantizar la vida a largo plazo. En medio de estas posiciones, las comunidades intentan encontrar su propio camino.

Uno de los problemas más importantes tiene que ver con cómo se percibe el bosque. En muchos casos, se sigue viendo como una fuente inagotable de recursos, lo que lleva a prácticas poco sostenibles. Falta información, educación ambiental y también alternativas económicas que permitan aprovechar la biodiversidad sin destruirla.

Esta situación afecta directamente a la calidad de vida de las familias. La deforestación y los incendios reducen la fertilidad del suelo, afectan a la producción agrícola y ponen en riesgo los medios de vida. A largo plazo, esto se traduce en más pobreza y más vulnerabilidad.

Las mujeres, en este contexto, enfrentan dificultades añadidas. Aunque la legislación boliviana reconoce sus derechos y promueve la igualdad, en la práctica muchas no conocen estas leyes o no pueden ejercerlas. Siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado, además de participar en las actividades productivas. Muchas viven situaciones de violencia y tienen poca participación real en los espacios de decisión.

Educación ambiental y fortalecimiento comunitario

A pesar de todo esto, las comunidades no están quietas. Poco a poco, van buscando formas de adaptarse, de aprender y de mejorar sus condiciones de vida. Y es en ese proceso donde se sitúa este proyecto, que busca acompañar a estas comunidades en un camino hacia un desarrollo más sostenible y justo.

El proyecto se desarrollará en varios municipios del departamento de Pando y del Beni, en zonas rurales donde viven comunidades indígenas de culturas como la tacana y la esse ejja, junto a comunidades campesinas amazónicas y poblaciones migrantes. En total, se beneficiará directamente a unas 2800 personas, entre estudiantes, docentes, madres, padres y miembros de la comunidad.

La idea principal es trabajar en dos aspectos que están muy relacionados entre sí: el cuidado de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, especialmente de las mujeres. Por un lado, se impulsarán acciones de educación ambiental, tanto en las escuelas como en la comunidad. Se crearán espacios como «bosques educativos», donde niños y jóvenes puedan aprender de forma práctica sobre el entorno en el que viven. La idea es que el aprendizaje no sea solo teórico, sino que esté conectado con la experiencia diaria.

También se formará a los docentes, para que puedan incorporar estos contenidos en sus clases y trabajar de forma más participativa. En un contexto donde los recursos educativos son limitados, ofrecer herramientas y acompañamiento a los profesores es clave para mejorar la calidad de la enseñanza. Por otro lado, se trabajará con las familias, especialmente con las mujeres, a través de talleres y espacios de formación. Se abordarán temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, pero también con el fortalecimiento de sus capacidades económicas y su participación en la comunidad.

El proyecto busca que las mujeres puedan tener un papel más activo en la toma de decisiones y que cuenten con herramientas para generar ingresos de forma sostenible. Esto no solo mejora su situación personal, sino que también tiene un impacto en toda la familia y en la comunidad.

Además, se promoverán iniciativas que permitan dar valor a los productos del bosque, explorando formas de transformación y comercialización que puedan generar ingresos sin dañar el entorno. También se organizarán actividades comunitarias, como ferias, donde se puedan compartir experiencias y resultados.

Se espera que, con este trabajo, las comunidades puedan mejorar su relación con el entorno, cuidar mejor sus recursos y encontrar formas de desarrollo que no pongan en riesgo el futuro. También se busca fortalecer el tejido social, promoviendo la participación y la colaboración entre los distintos miembros de la comunidad.

El proyecto tendrá una duración de 18 meses y será llevado a cabo por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), una organización con experiencia en el trabajo con comunidades rurales e indígenas. La colaboración con Manos Unidas permite dar continuidad a este proceso y ampliar su alcance.