Resumen del encuentro «Hambre, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación».
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, Manos Unidas ha organizado en Madrid el encuentro «Hambre, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, la triple encrucijada», que ha reunido a expertos e investigadores sobre seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación de organismos e instituciones como la FAO, la Universidad Complutense de Madrid, la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y representantes de proyectos en los que colabora la ONG.
Durante el evento, se han analizado las iniciativas de cooperación y las políticas públicas alineadas con el ODS 2 (Hambre Cero), con especial atención a los sistemas agroalimentarios sostenibles, además de poner sobre la mesa las prioridades de acción —tecnológicas, políticas, sociales y jurídicas— necesarias para acabar con el hambre, la pobreza y la desigualdad. Además, el espacio ha permitido reflexionar acerca de las causas profundas que impiden el derecho a la alimentación en el siglo XXI.
Fidèle Podga, coordinador del Departamento de Estudios de Manos Unidas y moderador de la mesa «La persistencia del hambre en el mundo», señaló que «mientras el 8 % de la humanidad, 673 millones de seres humanos, no pueden comer, en el mundo se están produciendo alimentos para dar de comer a 11.000 millones de personas, cuando somos algo más de 8000 millones».
«El hambre es un insulto que tiene que hacer sonrojar a la humanidad. Es un “escándalo” ético que debería avergonzarnos», denunció.
Por su parte, Kattya Cascante, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), explicó que el hambre ha sido desplazado en la agenda mundial por la «permacrisis», «que da preferencia a los conflictos, al clima, a las nuevas tecnologías o a la inteligencia artificial, frente al problema crónico del hambre». Además, Cascante hizo una crítica del actual sistema alimentario global «que consiste en la mercantilización de los alimentos; dominio de grandes empresas y financiación y homogeneización del consumo». Algo que tiene como consecuencia la desigualdad, degradación ambiental y que, por ejemplo, convivan al mismo tiempo la obesidad con la anemia en muchas poblaciones.
«Cuando mercantilizamos el alimento, funciona igual que cualquier otra mercancía: sube y baja de precio sin considerar su particularidad nutritiva o ecológica. Quien tiene el monopolio de cereales, semillas y fertilizantes decide qué, cuándo, cómo y para quién se produce», explicó.
A su vez, Vega Díez, directora de Cooperación Internacional del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), centró su intervención en explicar el concepto de soberanía alimentaria. Para Díez, se trata del derecho de los pueblos a decidir sobre sus sistemas productivos, sus alimentos y sus modelos territoriales. «Muchas leyes y tratados permiten la entrada de intereses que devoran suelos, agua y bosques; gana el agromercado, no la gente».
«¿Estamos hablando de mercados locales o estamos hablando de una importación que hoy está aquí y mañana a la empresa no le resulta rentable y no está aquí y hemos perdido nuestros modelos productivos? ¿Estamos hablando de poder controlar nuestras plagas, nuestro medio ambiente, nuestro agua o estamos hablando de vendernos a un mercado en estos próximos 20 años y luego no va a haber posibilidad de producir para las generaciones futuras?», se preguntó.
Para Díez, la seguridad alimentaria de los consumidores tiene que estar vinculada a la seguridad alimentaria de los productores porque «el término de soberanía alimentaria nos incluye a todos, al global de las personas dentro del proceso de alimentación justo», declaró.
La directora de Cooperación Internacional de CERAI se refirió, también, a una de las principales causas del hambre:
«Cuando tú conviertes los alimentos en especulación, el alimento lo que hace es tener un valor dentro de un contrato a futuro, lo asimilas al petróleo y, entonces, su precio ya no tiene nada que ver ni con su capacidad nutritiva ni ecológica, sino con un beneficio a corto plazo, y ese beneficio a corto plazo va arrasando con cualquier otra sistematización de lo que es alimentarse».
Luis Felipe Artica, director de IDMA-HUÁNUCO, socio local de Manos Unidas en Perú, afirmó en su intervención que la agroecología es ciencia, práctica y movimiento social; revaloriza saberes y empodera a las mujeres. «En Perú, donde 16,6 millones de personas no tienen un acceso físico al alimento, la agricultura familiar sostiene el 90 % de los alimentos que se consumen. La transición agroecológica se demora de tres a cinco años, pero recupera suelos; reduce dependencia de exportaciones y mejora la resiliencia».
En la segunda mesa «La soberanía alimentaria como garantía del derecho a la alimentación», Marco Gordillo, coordinador del Departamento de Incidencia y Alianzas de Manos Unidas invitó a mirar el futuro con esperanza y planteó la necesidad de transitar de la idea del alimento como mercancía al alimento como derecho.
Santiaga Serafín, lideresa campesina peruana y presidenta de la comunidad campesina de Cachuna, insistió en que la agroecología genera cambios favorables más allá de la producción. Estos se traducen en organización, cooperación e identidad comunitaria. La lideresa peruana aseguró que es posible un crecimiento exponencial de la agroecología, pero que para ello serían necesarios cambios a nivel local, regional, nacional y global para hacer esto posible, y aprovechó para reseñar que el Gobierno de Perú no invierte «nada» en agroecología y pidió poder conservar las semillas ancestrales «y que se cambien leyes en el Ministerio de Agricultura».
La jefa del área de Desarrollo rural, Seguridad alimentaria y Nutrición de AECID, Ana Regina Segura, denunció que la Unión Europea no apoya la idea de la existencia de un derecho humano a la alimentación y que tan solo colaboran Alemania y Noruega. «En Naciones Unidas este es un asunto que se presta a la controversia».
Segura se refirió también a la nueva estrategia de alimentación que está preparando la Agencia Española de Cooperación para seguir dando respuesta a los enormes desafíos que a día de hoy nos plantea la constatación de que cerca de 700 millones de personas sufren desnutrición crónica, conviven con sistema alimentarios que muchas veces no son ni sostenibles, ni saludables, ni accesibles para un gran porcentaje de la población.
Además, enumeró las seis líneas maestras del borrador sobre el derecho a la alimentación: agricultura familiar y agroecología, protección social, adecuación nutricional, estabilidad y sostenibilidad, y gobernanza e implementación.
Ana Regina Segura defendió, también, que «ningún ser humano debe pasar hambre» y expuso el marco de actuación de la cooperación española: impulso a agricultura familiar con enfoque agroecológico, protección social para garantizar acceso a dietas saludables y culturalmente adecuadas; resiliencia con enfoque one health, buena gobernanza internacional y refuerzo institucional para aterrizar las políticas.
En su intervención, Gabriel Ferrero, asesor de Estrategia del Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria del Banco Mundial y expresidente del Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas (2021-2023), que trabajó en la coordinación de todo el proceso de elaboración y aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, propuso extender la agenda 2030 durante 10 o 20 años más.
Porque las transiciones alimentarias requieren más de 15 años. Va mucho más retrasada que la energética. Los sistemas agroalimentarios son responsables de aproximadamente un tercio de las emisiones. Mientras, la agricultura familiar sostiene hasta el 80 % de la alimentación en países en desarrollo y es básica para mercados locales y para sistemas resilientes.
Ferrero se refirió a la enorme polarización y a la gran división existente en la comunidad internacional como factores que afectan a la seguridad alimentaria mundial y al hambre, además de los conflictos o el cambio climático. «Y, por supuesto, la enorme desigualdad y la pobreza».
Y señaló como claves para garantizar el derecho a la alimentación la protección social universal, la ayuda humanitaria, la agroecología regenerativa, la agricultura familiar y mercados locales.
Por su parte, Valeria Pasarín, especialista en derecho a la alimentación de la FAO, abogó por un cambio de paradigma que acepte que la alimentación es un derecho humano, que exige obligaciones de los Estados y por la necesidad de apuntar a procesos participativos donde se involucren los parlamentos nacionales.
«La única manera de garantizar decisiones legítimas y sostenibles es que sean participativas. Procesos participativos que incluyan a mujeres rurales, pueblos indígenas y juventud, marcos legales y parlamentarios robustos —como los Frentes Parlamentarios contra el Hambre— y mecanismos de seguimiento y acceso a la justicia que cierren la brecha entre ley y realidad», informó.
Cerró el evento Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, que agradeció a los participantes su denuncia del «drama humano» del hambre.
El hambre no solo es una cuestión de carencias, sino la consecuencia de una injusticia arraigada y terrible que afecta las vidas de millones de personas.
«Acabar con el hambre en el mundo exige la implicación de todos: de los Gobiernos, de las instituciones, de la sociedad civil y de cada uno de nosotros», apremió.
