Formaba parte de la Corporación Claretiana, socio local de Manos Unidas en Colombia.
El pasado 17 de enero, Luz Marina Arteaga, médico y defensora de derechos humanos fue encontrada sin vida en el río Meta.
La líder campesina, miembro de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización socia de Manos Unidas, había recibido amenazas hace unos meses por su acompañamiento a las comunidades indígenas que reclaman la devolución de sus territorios en Matarratón y El Porvenir, en la Orinoquía colombiana.
De la mano de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Manos Unidas denuncia el abandono institucional y la durísima violencia a la que hacen frente en Colombia -y en toda América Latina- las poblaciones indígenas y campesinas que tratan de defender o recuperar sus territorios ante la histórica desposesión que sufren por parte de Estados, proyectos privados extractivos y actividades ilegales como el narcotráfico.
En su labor como miembro de la Corporación Claretiana NPB, Luz Marina Arteaga había representado a las comunidades campesinas de El Porvenir y Matarratón, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), en diferentes espacios de denuncia e interlocución insterinstitucional, con el fin de exigir el cumplimiento de sentencias que ordenaban la devolución de tierras a las comunidades, como es el caso de las sentencias STP 16298 de 2015 de la Corte Suprema y la SU-426 de 2016 de la Corte Constitucional. Asimismo, estas sentencias instan a las entidades gubernamentales a facilitar protección de los derechos fundamentales de estas comunidades campesinas históricas.
Tanto Luz Marina como Jaime Absalón, director de la Corporación Claretiana, habían recibido amenazas directas por su labor de acompañamiento a las comunidades. La Corporación Claretiana NPB denunció ante la Fiscalía las amenazas contra integrantes del proceso de Porvenir y Matarratón, y contra integrantes de la propia institución.
El pasado año, tanto Luz Marina como las organizaciones habían solicitado insistentemente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la asignación de medidas de protección acordes al alto riesgo que sufría la defensora de derechos humanos por su implicación en los procesos de recuperación de tierras de las comunidades. La UNP resolvió con «medidas blandas» que fueron denunciadas por las instituciones solicitantes y que, como se ha demostrado, han resultado absolutamente insuficientes.
Exigimos a las autoridades celeridad y transparencia en la investigación de los hechos, así como la protección inmediata de los demás líderes, lideresas y defensores que están amenazados por este proceso de Porvenir y Matarratón (Corporación Claretiana y Corporación Yira Castro).
Esta misma dinámica ha estado presente en el caso de Breiner David Cucuñame, el niño ambientalista de 14 años asesinado a tiros este mismo mes de enero en un ataque a la guardia indígena en el departamento del Cauca. Una víctima más que evidencia la extrema vulnerabilidad en comunidades sometidas a ataques de grupos armados y de distintos intereses de explotación del territorio.
La propia embajada de España en Colombia se hacía eco recientemente de ambas muertes a través de las redes sociales: «Lamentamos los asesinatos de Breimer David Cucuñame y de Luz Marina Arteaga y pedimos que se proteja la vida y la integridad física de todas las personas, incluido los defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente».
Ante un Estado que no logra reaccionar y proteger a su población, Manos Unidas y otras organizaciones sociales acompañan a las comunidades indígenas y campesinas con el fin de garantizar sus modos de vida, su autonomía y su capacidad organizativa, para que sean las propias comunidades las que reclamen sus derechos ante las autoridades y puedan resistir la violencia que sufren de forma creciente.
En lo que va de 2022, ya han sido asesinados en Colombia cuatro defensores de derechos humanos y medioambientales. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el pasado año fueron 145 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país.
La constante presión y amenaza en los territorios se agrava al no existir una debida protección jurídica de las tierras comunales. El Estado no genera mecanismos legales para protegerlas de ser invadidas por actividades ilegales que conllevan la amenaza y posterior asesinato de líderes indígenas.
En este contexto, y como lo demuestran estas últimas muertes, es imprescindible que redoblemos los esfuerzos para avanzar en el trabajo en defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Su integridad y su propia supervivencia están en juego.
Con el apoyo de Manos Unidas, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello está presente en los departamentos de la Orinoquía colombiana (Meta, Vichada, Guaviare, Casanare) y realiza trabajo de acompañamiento a los pueblos indígenas en la defensa de su territorio, en coordinación con las comunidades locales y con otras instituciones de defensa de los derechos humanos y medioambientales.
En los últimos cinco años, Manos Unidas ha apoyado a más de medio millón de personas integrantes de pueblos indígenas de todo el mundo, mediante 225 proyectos con una inversión de más de 17 millones de euros.
