Acceso al agua: ¿derecho o negocio?

Albert Soler, periodista y profesor universitario y director de numerosos documentales fue el moderador e introdujo la sesión, situando la gestión del agua como un elemento mayor de la problemática de la globalización y como factor esencial de una gobernanza que dé respuesta a los derechos básicos de las personas.

Agustí Pérez, profesor del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UPC e investigador en ámbitos como la gestión del agua y el desarrollo sostenible., Inició su intervención recordando la importancia del agua para la vida humana y contextualizando el tema a partir de una visión de la realidad mundial con un dato impactante: 2.100 millones de personas (casi un 30% de la población mundial) no tienen suministro de agua potable en su hogar.

El derecho al agua y al saneamiento es un derecho fundamental, reconocido por Naciones Unidas como derecho humano en 2010, lo que implica que los gobiernos están obligados a respetar y proteger este derecho, y a trabajar para conseguir una realización progresiva del mismo, a partir de un enfoque de derechos y poniendo el foco en las personas más vulnerables.

Y esto no siempre se hace, a menudo por culpa de los intereses de grupos económicos, por ejemplo otorgando concesiones de agua a compañías mineras poniendo en peligro la supervivencia de las sociedades rurales de América Latina. Pero también permitiendo que queden atrás los sectores más vulnerables de la sociedad estadounidense o europea, por ejemplo los que viven en determinadas barriadas marginales de Estados Unidos, o incluso los de los campos de refugiados en el propio territorio europeo.

La próxima sesión del ciclo será el lunes 8 de abril, con el título «El "lujo" de acceder a una vivienda», y contará con la participación de Jaime Palomera, Sonia Olea y Roger Palà.

Míriam Planas, como miembro de Ingeniería sin Fronteras recuerda cómo esta entidad hace años que trabaja en proyectos de cooperación vinculados a la problemática del agua con un enfoque de derechos y perspectiva de género, y como representante de la Plataforma "Aigua és Vida "y del Movimiento por el agua Pública y Democrática, concreta como la gestión del agua se convirtió, a partir de los años 80, bajo postulados neoliberales, en un negocio empresarial aunque hasta entonces había sido concebido siempre como servicio público. Las sucesivas privatizaciones derivadas de esta visión mercantil han revelado posteriormente poco exitosas, además de impermeables al control público de su gestión, y ahora se tiende hacia el retorno a la responsabilidad municipal del servicio (17 en Cataluña los últimos años).

Lógicamente esto choca con los intereses de las compañías privadas concesionarias que están obteniendo grandes beneficios, lo que no les ha impedido efectuar cortes en el servicio a familias que por encontrarse en situación de extrema vulnerabilidad no podían pagar la factura (75.000 entre 2008 y 2015 a cargo de AGBAR).

Esto ha cambiado con la Ley de Pobreza energética aprobada por el Parlamento de Cataluña a partir de una iniciativa legislativa popular. La movilización ciudadana ha sido el elemento decisivo para devolver el control de la gestión del agua en el ámbito público y garantizar el derecho al agua de los ciudadanos, pero el camino es todavía largo. En este sentido la borrascosa historia de la creación de la empresa mixta entre AGBAR y el Área Metropolitana de Barcelona, ​​anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es un buen ejemplo.

Crónica de Agustí Viñamata (Manos Unidas Barcelona)