La red Iglesias y Minería finaliza su gira por España

La comitiva denuncia en Europa los impactos del extractivismo en América Latina.

Foto Iglesias y Minería

La caravana de Iglesias y Minería, integrada por líderes comunitarios y religiosos de América Latina, ha atravesado cinco países europeos para denunciar las consecuencias de la megaminería y reforzar la solidaridad con las poblaciones afectadas.

Tras su paso por Salamanca y Sevilla, Madrid ha sido la última parada española de la caravana que en estas semanas se encuentra en Europa denunciando los impactos de la minería.

Procedente de Latinoamérica, el objetivo de la comitiva es informar y generar conciencia sobre el daño que producen determinadas multinacionales y empresas de origen europeo a las comunidades campesinas e indígenas en América Latina.

Para los integrantes de la comitiva, las empresas priorizan la extracción masiva de materias primas sin asegurar unas mínimas condiciones de vida digna y respeto al medioambiente, causando graves desastres ecológicos y provocando cientos de pérdidas de vidas.

Como consecuencia, cada vez son más las poblaciones locales que tienen que reasentarse en otros lugares o son expulsadas de sus territorios. No obstante, los reasentamientos e indemnizaciones de las grandes empresas no deberían ser, según la comitiva de la caravana, una solución de convivencia para las comunidades locales.

Durante su viaje europeo han tratado también de visibilizar la imposición de proyectos mineros y la desigualdad generada por los capitales transnacionales. Para mitigar estos impactos, los integrantes de la caravana proponen la implantación en Europa de una ley de diligencia debida que obligue a las empresas a asumir su responsabilidad social y ecológica en relación a los efectos de sus actividades económicas en los territorios.

Este tipo de regulación permitiría garantizar unas mejores condiciones de vida para las comunidades locales y su entorno. La caravana de protesta ha intentado durante todo el trayecto poner sobre la mesa la necesidad de compromiso y cooperación entre los Estados norte-sur para que se respeten las cláusulas a nivel internacional y prevenir futuros desastres como el de Piquiá de Baixo o Brumadinho.

Aprovechando su paso por Madrid, hemos podido entrevistar a tres activistas que formaban parte de la caravana: Pedro Sánchez, Larissa Santos y Marina Oliveira.

Para Pedro Sánchez, miembro de la red Iglesias y Minería, es importante recordar que muchas veces son los propios Estados quienes acceden a una serie de condiciones de las empresas por la necesidad de que operen dentro de su territorio. Para Sánchez, las grandes multinacionales aprovechan esto y se dedican a producir masivamente "sin tener en cuenta las consecuencias para las comunidades, la salud de las personas y los efectos medioambientales".

En sus palabras, “lo único que queremos es que las empresas estén sujetas a normas que les obliguen a cumplir sus responsabilidades. Prometieron el desarrollo y solo dejaron pobreza”. A esto se añade el miedo de sufrir represalias si las comunidades se oponen a la producción industrial para defender su entorno, ya que el poder de las multinacionales, según Sánchez, "va más allá de lo económico y amenaza con aplastar cualquier tipo de resistencia".

En Latinoamérica se persigue, se encarcela y se mata a los que defienden la madre tierra (Pedro Sánchez, Iglesias y Minería).

El caso de Piquiá de Baixo

Piquiá de Baixo es un barrio formado en los años 70 en Açailândia, Brasil. Una década más tarde, cinco empresas siderúrgicas que funcionaban con catorce altos hornos se instalaron frente a este barrio. Su actividad afectó de forma directa a la población del barrio en una doble dirección; por un lado, generó problemas de salud (especialmente respiratorios) vinculados a la contaminación y, por otro, las familias se vieron empobrecidas dado que muchas de ellas vivían de pequeñas plantaciones y granjas que fueron contaminadas por los materiales químicos empleados por la minería de hierro.

Piquiá de Baixo. Manos Unidas

Larissa Santos es coordinadora política de “Justiça nos Trilhos”, organización que trabaja con Manos Unidas para apoyar a personas afectadas por la minería y siderurgia en la zona. Afirma que las empresas extractoras del hierro no dejan que nada del material se quede en su lugar de origen.

Además, añade que "no hay un gran número de personas de la comunidad que trabajen en las empresas y las que lo hacen están en cargos de bajo nivel y en poco tiempo enferman por las pésimas condiciones laborales. La huella medioambiental que dejan estas empresas es grande; el río del que se nutre la comunidad de Piquiá de Baixo está totalmente contaminado y el agua ya no es potable".

En consecuencia, cada vez más personas abandonan la zona y, a finales de 2018, se empezó a construir un reasentamiento de la comunidad que recibe el nombre de “Piquiá da Conquista”, un proceso apoyado por Manos Unidas. En la actualidad, se está terminando la escuela y la plaza municipal y, aunque la comunidad está contenta por tener un lugar en el que comenzar de nuevo, están muy concienciados de la necesidad de denunciar lo ocurrido para que no vuelva a suceder.

El caso de Brumadinho

En 2019 la presa que rodeada al barrio de Brumadinho se rompió liberando 10 millones de metros cúbicos de lodo tóxico y barro arrollando todo rastro de vida. En este accidente 272 personas perdieron la vida (seis de ellas todavía no han sido encontradas), pero los impactos del desastre siguen muy presentes en la zona.

En palabras de Marina Oliveira, activista afectada por el desastre, "en nuestros países de América Latina tenemos gobiernos frágiles y, por eso, tener leyes internacionales es muy importante porque es una estrategia para proteger las vidas que están en otros países. Es un compromiso de todos, también queremos disfrutar del desarrollo socioeconómico y tenemos que cuidar unos de los otros porque los impactos son globales".

A día de hoy todavía no hay ninguna persona acusada formalmente por el desastre. A pesar de que el Ministerio Público de Minas y el Tribunal Supremo de Justicia lucha por mantener el juicio a nivel estatal, un impasse entre la Justicia del Estado de Minas Gerais y el Tribunal Federal frena el avance del proceso judicial. Desde la catástrofe, hace tres años, ninguna figura pública tanto de las empresas implicadas como de las instituciones del municipio han pedido disculpas.

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