Regiones de la Amazonía peruana viven amenazadas desde el inicio de la pandemia.
En la última semana de febrero, dos líderes indígenas de la Amazonía peruana (Herasmo García y Yenes Ríos) fueron asesinados violentamente en sus comunidades. El miedo se extiende en poblaciones como Unipacuyacu, Santa Martha, Sinchi Roca y Yamino, pues ya son más de nueve los líderes amazónicos peruanos asesinados desde el inicio de la pandemia. Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas en Perú, analiza en este texto las causas de la violencia y apela a seguir luchando por los derechos de los pueblos indígenas.
En el centro de esta violencia están cuestiones estructurales que el Estado peruano no ha resuelto, relacionadas principalmente con el modelo extractivista por el que ha apostado el país, así como con la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras o el narcotráfico. Esta situación se agrava al no existir la debida seguridad jurídica de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la titulación de comunidades pertenecientes al pueblo Kakataibo, que resiste ante la amenaza permanente de invasión de sus tierras. Este pueblo, ubicado entre las regiones de Huánuco y Ucayali, cerca de las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu, cuenta con una población que el Estado peruano calcula en 3.715 personas, aunque la información que hemos recabado en el Instituto del Bien Común cifra en 7.500 las personas que forman parte del pueblo Kakataibo. Esto es solo una muestra de los límites del Estado peruano para obtener una información más precisa no solo de este pueblo sino de los 55 pueblos indígenas que habitan en el Perú.
Los hechos de violencia en esta región amazónica tienen un precedente claro que se remonta a enero de 2020, cuando Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad Unipacuyacu del pueblo Kakataibo y otros dirigentes indígenas informaron al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, Michel Forst (hoy ex relator), sobre las amenazas e intimidaciones que soportaban dichos líderes. Tras la visita realizada, el relator entregó una declaración con recomendaciones y propuestas al Estado para proteger a los defensores de derechos. Sin embargo, dos meses después, al inicio de la pandemia declarada en Perú, Arbildo Meléndez fue asesinado en un bosque cerca de su comunidad.
Esta misma dinámica se repite en el caso de Herasmo García y Yenes Ríos, con tan solo 28 y 27 años respectivamente. Ambos jóvenes eran voluntarios del comité de vigilancia y control forestal en sus comunidades, y ambos jóvenes estaban comprometidos en la defensa de sus bosques contra la tala ilegal y el narcotráfico. Hace dos meses y medio, una comitiva de líderes indígenas y defensores de derechos visitó Lima para denunciar actos de amenazas y hostigamiento. En ese momento, se estimaba que unas 15 comunidades nativas de Huánuco y Ucayali, empezando por sus respectivos líderes, estaban amenazados por invasores de tierras y narcotraficantes. Tras la reunión de la comitiva con diversas autoridades, se identificaron a las comunidades nativas de Unipacuyacu, Santa Martha, Sinchi Roca y Yamino como las comunidades en mayor peligro.
A pesar de que aún hay una investigación en curso y que los móviles de los asesinatos están en camino a conocerse, con la información recabada se presume que los trágicos hechos están relacionados con el creciente avance del narcotráfico y las invasiones de tierras comunales para el tráfico de tierras, muchas de ellas utilizadas para la siembra ilegal de coca. Por su parte, el Estado peruano aprobó en abril de 2019 un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y un registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos. Asimismo, está pendiente de aprobación un mecanismo de protección que garantice la labor sectorial e intergubernamental para hacer efectiva la protección de personas defensoras, además de otras medidas encaminadas a tener una política nacional de protección de defensores de derechos.
Los recientes asesinatos son consecuencia, en nuestra opinión, de las diversas causas estructurales identificadas líneas arriba, a las que se suman la desprotección y el abandono que sienten muchos pueblos amazónicos. En este contexto y como lo demuestran estas últimas muertes, es imprescindible que redoblemos los esfuerzos para hacer avanzar el trabajo en defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Su integridad y su propia supervivencia están en juego.
El trabajo de incidencia es, en este sentido, un ámbito de trabajo fundamental para organizaciones civiles como el Instituto del Bien Común. Junto a otras entidades nacionales y con el apoyo de instituciones internacionales como Manos Unidas, luchamos por ir más allá de la atención a los casos concretos para poder abordar los problemas estructurales que generan la violencia en la Amazonía.
Testimonio de Luis Hallazi, Instituto del Bien Común (IBC), socio local de Manos Unidas en Perú.
