Insuficiente para garantizar derechos humanos y sostenibilidad
La adopción del “Paquete legislativo Ómnibus I” por parte del Consejo de Asuntos Generales supone un avance importante, pero claramente insuficiente, en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente ante abusos de las grandes empresas.
Tras cuatro años de negociaciones, los Estados miembros de la Unión Europea han dado la aprobación final a la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), integrada en el Ómnibus I.
Esta norma obligará por primera vez a las grandes multinacionales a identificar, prevenir y reparar los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena global de suministro.
Sin embargo, las modificaciones introducidas a través del paquete Ómnibus han recortado el alcance y las obligaciones de la Directiva, rebajando protecciones esenciales precisamente en un contexto de escalada de la crisis climática y de vulneración sistemática de derechos en muchos países empobrecidos.
A pesar del debilitamiento del texto, la Directiva CSDDD representa un paso adelante en términos de rendición de cuentas empresarial.
Este marco puede convertirse en una herramienta importante para comunidades campesinas, pueblos indígenas, personas trabajadoras (muchas veces invisibles) cuya vida y medios de subsistencia se ven afectados por proyectos empresariales.
La aprobación del texto final ha estado marcada por una intensa presión de lobbies empresariales y por injerencias políticas externas, que han empujado a varios gobiernos a debilitar la propuesta original. La desregulación introducida ha desmantelado parte de las obligaciones climáticas de las empresas y ha recortado salvaguardas clave en materia ambiental y de derechos humanos.
Esta influencia corporativa sienta un precedente peligroso y pone en riesgo la credibilidad de la UE como referente internacional en derechos humanos y sostenibilidad.
Desde la Plataforma por Empresas Responsables (PER), de la que Manos Unidas forma parte a través de la alianza Enlázate por la Justicia, se alerta de que la prioridad política se ha desplazado hacia la protección de intereses económicos a corto plazo, por encima de la defensa de las personas y del planeta.
La Directiva entra ahora en una fase decisiva: su transposición a las legislaciones nacionales, que deberá completarse antes de julio de 2028. El Gobierno de España tiene la oportunidad (y la responsabilidad) de impulsar una transposición rápida y ambiciosa, que refuerce los aspectos que han quedado debilitados en el texto europeo.
Según la PER, una aplicación sólida de la Directiva por parte de los tribunales y las autoridades administrativas será determinante para garantizar justicia efectiva a las víctimas de abusos empresariales. No basta con aprobar una ley en Bruselas: es imprescindible que, en nuestro país, las normas se traduzcan en cambios reales en el comportamiento de las empresas y en reparación para las personas afectadas.
Como organización de la sociedad civil comprometida con la defensa de los derechos humanos y el cuidado de la casa común, Manos Unidas lleva años denunciando las consecuencias de un modelo económico que antepone el beneficio a la dignidad de las personas y a los límites del planeta.
Desde Manos Unidas, a través del Departamento de Incidencia y Alianzas y junto a CIDSE, Enlázate por la Justicia y la Plataforma por Empresas Responsables seguiremos trabajando para que:
En este sentido y unidos a la PER reclamamos que España lidere una transposición valiente: las víctimas de abusos corporativos y el planeta no pueden seguir esperando.
