Crece la preocupación por la ola de incendios que devora el norte de Bolivia.
Manos Unidas insta a las diferentes administraciones del país andino a actuar de forma conjunta para proteger el territorio, intervenir en la extinción del fuego y aplicar medidas de reparación y auxilio a las comunidades afectadas.
Las comunidades afectadas han emitido un comunicado en el que piden que se declare zona de emergencia nacional, a la vez que lamentan y denuncian el abandono por parte del Gobierno: «Y de no hacerlo —recoge el documento—, asuma su responsabilidad por una omisión que probablemente pueda constituir un delito de lesa humanidad, por abandonar a su suerte a poblaciones indígenas de manera flagrante».
«¿Qué hemos hecho las poblaciones del Norte de La Paz y la Amazonía para que el Gobierno departamental y el Gobierno central nos hayan echado al infernal fuego y dejado abandonadas?», se pregunta el comunicado.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP) se ha sumado a la petición de que se declare con urgencia “zona de emergencia nacional”.
Una petición de la que se ha hecho eco el Relator Especial para el Derecho al Medio Ambiente Sano y Limpio de la ONU, David Boyd:
«Me preocupa profundamente la situación en Bolivia. Los incendios están destruyendo los bosques y los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. El Gobierno debe tomar medidas para apagar los incendios, prevenir otros en el futuro y respetar los derechos humanos».
En el municipio de San Buenaventura y sus poblaciones: San José de Uchupiamonas, Tumupasa, San Isidro, Bella Altura, Eyiyoquibo (Esse Ejja), Buena Vista, Tres Hermanos, Altamarani, y San Miguel del Bala, están siendo consumidos por el fuego a pesar de los esfuerzos sobrehumanos de sus pobladores por extinguir las llamas.
Al menos cinco reservas ecológicas y 17 comunidades indígenas de La Paz y Beni han sido afectadas por el fuego y muchas de ellas se han quedado incomunicadas sin electricidad.
Uno de los proyectos que apoyamos junto al socio local, CIPCA Regional Santa Cruz, se ha visto afectado por los incendios.
Se trata de un programa de fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas ubicado en uno de los ecosistemas más vulnerables de Bolivia como es el Bosque Seco Chiquitano, concretamente en los Municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz.
En la Chiquitanía el clima seco se ha ido agravando por los efectos del cambio climático. El medioambiente se ve continuamente amenazado por la prevalencia de incendios forestales, a lo que se suma la continua deforestación y pérdida de cobertura boscosa, que gradualmente ha ido aumentando ante la evidente ampliación de la frontera agrícola y el cambio del uso de suelos.
El proyecto en peligro beneficia directamente a 258 familias, 1.032 personas pertenecientes a 14 comunidades de los dos municipios mencionados. Las mismas que ahora se ven amenazadas por las llamas.
